150.000 personas pasan hambre en Canarias, es decir, que no pueden permitirse tener tres raciones de comida al día. Es la situación que han puesto en relieve desde Cáritas Diocesana en Canaria, que son los que atienden a todas estas personas que van buscando ayuda.

De hecho según recoge la Encuesta de Condiciones de Vida por el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (la denominada tasa AROPE) en Canarias se redujo en 2023 en 2,4 puntos hasta situarse en el 33,8% del total de la población, la cuarta tasa más alta tras Ceuta, Andalucía y Melilla.

Si se atiende solo a la tasa de pobreza, Canarias, con un 26,1%, se sitúa como la tercera comunidad autónoma con peores datos, solo superada por Andalucía y Extremadura.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana de Canarias, quien ha resaltado que la pobreza en las islas se ha cronificado y que la situación de las personas vulnerables ha empeorado tras la pandemia.

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“Después de la pandemia, empezamos a notar en nuestras dependencias un incremento progresivo de número de personas atendidas con problemas de salud mental y adicciones y ese número se ha ido incrementando de forma progresiva desde el año 2023”, añade.

Gonzalo Marrero, considera que los problemas mentales se han incrementado de manera drástica durante la pandemia y luego han ido continuando. “Tenemos conocimiento de un aumento de casos desde hace dos años, pero se ha ido manteniendo hasta ahora”.

Sobre las condiciones de vida y la tasa AROPE, el director de Cáritas Diocesana dice que con un salario mínimo y los altos alquileres es complicado vivir bien. “Si desglosamos el salario mínimo como hace la encuesta de condiciones de vida, no nos queda mucho dinero para vivir. Si cogemos los 1.600 euros de un salario, descontamos 700 euros, para un alquiler nos quedan 50. Si también restamos el coste del agua, de la luz y los alimentos, pues prácticamente no llega para vivir”.

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El director de Cáritas asegura que está muy preocupado, porque cada vez son más las personas que piden ayuda a pesar de tener un trabajo. Considera que el nivel de vida ha subido mucho y que no todo el mundo puede permitirse comer proteína más de una vez por semana. "Pasan hambre porque no comen carne, ni pollo, ni pescado durante la semana. Tenemos en España medio millón de niños y niñas sub alimentados, entonces ese es un indicador muy importante, porque están en riesgo de exclusión social".

En Canarias hay 150.000 personas que pasan en Canarias, es decir, no hacer tres comidas al día, desayuno, comida y cena. No tienen la posibilidad de comer todas las veces o con todas las proteínas necesarias durante la semana. Gonzalo Marrero asegura que "el resto tampoco llega porque hay un sector de economía sumergida creada por la propia ley. Y pone un ejemplo: cualquier migrante que venga de América Latina, mientras espera que su situación se arregle, debe estar dos años de manera irregular con una economía, que en su mayoría es sumergida"

Migrantes desamparados tras abandonar los centro de menores

Cáritas Diocesana de Canarias también alertaba de otro problema: los tutelados del Gobierno de Canarias deben abandonar los centros de menores cuando cumplen la mayoría de edad y se encuentran desamparados cuando eso ocurre, porque ya no forman "parte del sistema". Gracias a la ONG de la Iglesia pueden alimentarse, asearse e intentar buscar una solución a su situación de calle.

Gonzalo Marrero asegura que va a seguir aumentando el número de migrantes que están en los centros de menores y que al cumplir los 18 años deben abandonar el centro, quedando totalmente a la merced de la calle. "Sigue aumentando porque el día antes de cumplir la mayoría de edad, les avisan en los centros de menores que al día siguiente tienen que salir de ahí. Sin mayor explicación abandonan el lugar y tocan nuestras puertas para poder utilizar los servicios de ducha, lavandería y baño. Son en su mayoría jóvenes de 18 a 26 años que salen de los centros de menores".

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El director de Cáritas Diocesana de Canarias considera que la política que se está llevando con los menores es un disparate porque no tiene racionalidad. Es decir, porque quedan desamparados y fuera del sistema una vez que cumplen la mayoría de edad, porque ya no son tutelados por el gobierno autonómico".

"Se gastan unos recursos en torno a 3.000 euros al mes por menor, es una cantidad muy importante. Esas personas están en un centro de menores y salen sin una formación para el empleo, sin tarjeta para acceder al empleo, sin permiso de residencia, por lo tanto, no pueden participar de los beneficios sociales de estar empadronado en algún municipio de nuestra comunidad; también como tenemos que respetar su libertad, pasas de tener todas las condiciones y al día siguiente no tienes nada. Esto desemboca en los datos que tenemos en Cáritas con dos problemáticas: correo con tráfico de drogas y prostitución.