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La justicia rechaza que los bares puedan abrir ya en Asturias

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha denegado la medida cautelar solicitada por la patronal hostelera; aunque sigue adelante el proceso judicial

Un camarero sirve a los clientes en una terraza

Un camarero con mascarilla sirve a varios clientes en una terraza (archivo).Iván Terrón (Europa Press)

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:50

Los bares y restaurantes de Asturias afectados por las medidas contra la pandemia deberán seguir cerrados. Al menos, de momento. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha denegado la petición de la patronal hostelera OTEA de la suspensión cautelar de las restricciones; aunque ha dictado que se prosiga el trámite de la pieza de suspensión.

OTEA justificó la urgencia de la medida en que la situación del sector al que representa es “insostenible” y que cada día que pasa sin desarrollar la actividad incrementa el riesgo de que los perjuicios resulten de imposible reparación. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TSJA entiende que "esa urgencia que justifica la adopción de una medida cautelar por el trámite indicado no puede ser provocada por la propia parte recurrente. Y tal consecuencia se observa sin duda en casos como el presente en que las resoluciones cuya suspensión se interesa son conocidas y han producido efectos, en concreto, desde las 00.00 del día 19 de enero de 2021 la Resolución de 18-1-2021 y desde las 00:00 horas del día 2 de febrero la de 1-2-2021, no siendo sino hasta el 10 de febrero de 2021 cuando la asociación demandante acuerda la interposición del recurso contra las mismas y lo presenta el día 15 de febrero".

Dado que, como explica la Sala, la “urgencia” en la solicitud de la medida ha de ser ajena a quien solicita la cobertura de la misma, "no cabe advertir tal situación en casos como el examinado". Además, la Sala expone que "si a ello se une el que no se trata -o no se trata solo- de evitar los efectos perjudiciales que para la asociación pueda provocar las Resoluciones recurridas sino de interrumpir la eficacia que las mismas puedan estar produciendo para toda la comunidad en general, parece evidente que la eventual suspensión ha de requerir una escrupulosa ponderación de todos los intereses en conflicto que únicamente pueda ser acordada tan llevar a cabo el trámite de audiencia a la Administración demandada conforme a lo dispuesto en el artículo 129 y 131 de la LRJCA".

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