La Fiscalía apoya que Ríopedre salga de la cárcel por razones humanitarias

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Asturias ha acordado apoyar por razones humanitarias la petición de excarcelación del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, de 81 años, que cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión por sendos delitos de prevaricación y cohecho por el “caso Marea”, según ha informado este miércoles la Fiscalía Superior del Principado.

Su informe ha sido presentado este miércoles ante el Juzgado de Vigilancia Penitencia, que emitirá en las próximas horas un auto donde se pronunciará sobre su posible pase a la clasificación de tercer grado.

El Ministerio Fiscal basa su decisión en el último informe médico forense emitido el pasado 24 de marzo, que concluye que Riopedre tiene afectada de forma importante su capacidad funcional y sufre dificultades para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, para las que requiere ayuda y supervisión.

La Fiscalía reconoce que el exconsejero debe seguir pautas de tratamiento especializado continuo y hospitalizaciones en fases de reagudización.

El informe forense sostiene además que su pronóstico vital es impredecible debido a sus dolencias cardiacas y la presencia de otras patologías.

Esta es la primera vez que el fiscal, que hasta siempre se había opuesto a la petición de la defensa de excarcelar al exconsejero, cambia su criterio y desiste de su recurso, presentado el pasado 21 de diciembre donde se mostraba en contra de la clasificación en tercer grado penitenciario del exconsejero.

De esta forma, la Fiscalía no se opone a que le sea concedida la libertad condicional por razones humanitarias, con las condiciones que sean propuestas por el Centro Penitenciario de Asturias.

Riopedre ingresó en octubre de 2019 en la cárcel asturiana tras ser condenado por las irregularidades en la concesión de contratos a cinco años y dos meses de cárcel por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho.

Por esta causa le han sido embargados sus bienes, incluida la fianza entregada para su libertad provisional, ha estado privado de pasaporte y desde su ingreso en prisión ha sufrido varias dolencias, sobre todo cardiacas, que han requerido su hospitalización.

Más de 80 médicos han pedido su excarcelación, a la que recientemente se unió la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) por razones humanitarias.