El Gobierno de España ha hecho público el esperado índice de referencia para regular el precio del alquiler en las zonas de alta demanda. Este indicador, contemplado en la nueva Ley de Vivienda, establece un rango de precios máximo y mínimo basado en la ubicación geográfica y las características específicas de cada casa. Para aplicarlo, lo tienen que solicitar las comunidades autónomas aunque la última palabra es de los ayuntamientos. El Gobierno de Asturias está decidido a pedir la declaración si así lo fundamenta el estudio que va a encargar para analizar el mercado y, siempre y cuando, haya peticiones formales de los consistorios, según ha confirmado en COPE, el Director General de Vivienda, David Sánchez.

Posibles zonas tensionadas

El Principado va a encargar de forma "inminente" un estudio para identificar las posibles zonas tensionadas y detectar desequilibrios con la oferta y los precios de los alquileres. Sánchez ha explicado que "con los datos en la mano, porque queremos ser rigurosos, y si lo solicitan los ayuntamientos", el Principado pedirá la declaración de zonas tensionadas para que los nuevos contratos de arrendamiento se hagan con los precios guía que marca el Ministerio de Vivienda.

Posibles zonas tensionadas y un "caso sangrante"

En Asturias, por ahora, sólo el consistorio de Gijón ha movido ficha para aplicar la medida en los barrios de Cimadevilla y La Arena. En Oviedo las dificultades podrían estar en zonas como el entorno del HUCA con mucha demanda y poca oferta, aunque el consistorio no ha dado ningún paso en ese sentido.

El oriente asturiano es otra de las zonas que están en el punto de mira. El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, está decidido a tomar medidas ante la dificultad que existe en el municipio, a cuenta del turismo, para encontrar alquileres para residencia habitual. En una situación parecida se encuentra el concejo de Cabrales con gran afluencia de visitantes y sin capacidad para alojar al personal de hostelería contratado para la época estival.

Los problemas se extienden a localidades como Arriondas, en el concejo de Parres, considerado un "caso sangrante" por el Director General de Vivienda del Principado porque los sanitarios que llegan a trabajar al Hospital Grande Covián no encuentran vivienda de alquiler para uso habitual.

Diálogo y acuerdo

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El estudio que va a encargar el Gobierno de Asturias determinará si, realmente, existen zonas tensionadas en Asturias. A partir de ahí, los ayuntamientos decidirán si quieren que sean reconocidas de forma oficial para aplicar el índice de precios de referencia en los alquileres. Podría darse el caso de que no lo hicieran. El Director General de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez, considera "muy probable" que eso ocurra y apuesta por el "diálogo y consonancia" con los consistorios para solventar posibles "casos sangrantes donde exista un problema grave y el ayuntamiento mire para otro lado".