La Asociación de Comarcas Mineras de España (Acom) considera que el “caso singular” del geriátrico de Felechosa, donde no hubo “control” y se detectaron numerosas irregularidades en la tramitación y adjudicación de la obra, no implica que se tenga que asumir que la gestión de los fondos mineros fue “un desastre” porque sirvieron para “mucho” en los municipios y no se pueden “demonizar”.

El presidente de Acom, el alcalde de Villablino (León) Mario Rivas, el vicepresidente primero y alcalde del concejo asturiano de Morcín, Maximino García, y la secretaria general técnica, Carolina Morilla, han explicado que el informe del Tribunal de Cuentas que detectó irregularidades en la tramitación, ejecución y justificación en la subvención concedida al Montepío para la construcción de la residencia "La Minería" entre los años 2010 y 2017 es un “caso singular”.

A su juicio, el hecho de que la corporación de Aller, entre los años 2010 y 2014, entre los que se encuentra la actual diputada del Partido Popular Teresa Mallada, esté siendo investigada en los tribunales por la cesión del terreno es “una excepcionalidad”.

La directiva de Acom ha añadido que no asume ninguna responsabilidad en aquello en lo que no tuvo participación ni capacidad de gestión, y considera que la responsabilidad del control debía recaer en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que era quien debería haber hecho la labor de tutela.

Su construcción está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de la fortuna oculta de 1,4 millones que el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa regularizó en la amnistía fiscal de 2012.

A la regularización de fondos, por importe de 360.000 euros, se acogió también uno de sus más estrechos colaboradores en el sindicato y presidente del Montepío de la Minería Asturiana hasta 2014, José Antonio Postigo.

Por otra parte, la directiva ha defendido este viernes la creación de una oficina estadística u observatorio de datos para el análisis “cuantitativo y cualitativo” de los planes estratégicos y las actuaciones.

Ha asegurado que si bien estos fondos no cumplieron el objetivo de creación de empleo porque no existía una adicionalidad en las ayudas en los territorios y no se utilizaron correctamente, sin embargo no pueden servir para demonizar porque "tres o cuatro convenios" hayan salido mal de "los miles" que se han planteado.

De hecho, ha explicado que los fondos mineros han servido para que haya unos servicios básicos y actuaciones de mejora en las infraestructuras, aunque en otras autonomías se financiaban con fondos propios y en los municipios mineros se realizaron con estas ayudas, por lo que no existía esa “adicionalidad”, lo que ha criticado por no venir recogido en el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó las ayudas del plan 1998-2005, finalizado hace ya 15 años.

Este informe, según Acom, puso de manifiesto que apenas hubo una escasa ejecución de los planes mineros, que oscilaron entre el 20 por ciento y el 53 por ciento de las ayudas, lo que pone en tela de juicio “la efectiva reactivación prometida” con estos fondos no por su gestión, sino porque las ayudas no llegaron para poder gestionarlas.

Por ello, los directivos han destacado la importancia de que poco a poco se vayan corrigiendo los errores, y que se traducen en la colaboración actual que mantienen con las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica ya que una de sus demandas era formar parte de los órganos de decisión como ente territorial afectado en la aplicación de los planes.

La directiva ha explicado que en 15 días presentarán en Bruselas las alegaciones a los fondos verdes de la Unión Europa porque no van a consentir que esos territorios que han sufrido cierres continuados para cumplir los objetivos vayan a quedar en la cuneta porque son municipios que no han recibido nada, además de considerar que no hay un reparto justo, ni se conocen los criterios.