La primera cámara Gesell de Zaragoza ya está operariva
Es una habitación acondicionada para que las víctimas más vulnerables declaren con plenas garantías jurídicas en presencia de un psicólogo

CÁMARA GESELL
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Desde hoy está operativa en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza la primera Cámara Gesell de la capital aragonesa. Se trata de una habitación acondicionada que permite a las víctimas más vulnerables declarar con plenas garantías jurídicas en un entorno más amable en presencia solo de un psicólogo.
Este espacio permite hacer entrevistas de una forma menos violenta y fría. Las víctimas, especialmente menores, personas con discapacidad intelectual o quienes hayan sufrido abuso sexual o violencia machista, podrán declarar una única vez, evitando tener que revivir una experiencia traumática. Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, "se evita que tenga que declarar varias veces y, por tanto, una doble victimización". "Ir a un proceso judicial supone recordar y ser interrogado tiene un coste personal", explica Bellido, que tiene claro que "cuantas menos veces tenga que pasar por eso, mejor".
La Cámara Gesell aporta "todas las garantías jurídicas" porque el proceso lo supervisa un juez y "ninguna de las partes puede alegar indefensión". Para ello, en la habitación hay un espejo. Al otro lado, sin ser vistos, los abogados formulan sus preguntas y es el magistrado quien decide cuáles proceden y se las traslada a través de un 'pinganillo' al psicólogo forense, que está con la víctima. Este profesional adapta las preguntas y las formula en un ambiente seguro y cómodo. En el caso de los niños, hay juguetes y muñecos que permiten obtener un testimonio "más nitido y veraz", señala Bellido. Para la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, destaca la importancia de que el ambiente sea "más distendido" para que el menor tenga "más autonomía y pueda hablar sin ese miedo a ser observado".
El servicio se podrá utilizar en juicios, vistas orales y también en las declaraciones en fase de instrucción. Ha supuesto una inversión de 12.000 euros, procedentes de los fondos contra la violencia de género.
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