Arde un edificio okupado en Zaragoza y el Ayuntamiento estudia su expropiación

El Ayuntamiento de Zaragoza expropiará el edificio de Compromiso de Caspe 83, que sufrió un grave incendio la noche del pasado miércoles, si el banco propietario no procede a mantenerlo en condiciones. El inmueble, ocupado de forma ilegal, va ser tapiado al completo.

El fuego comenzó en la planta calle de este edificio de 6 alturas y dos sótanos, y subió hasta la segunda planta con mucha carga térmico. Una vez extinguido el fuego, los técnicos de urbanismo comprobaron que la caja de la escalera no presentaba garantías para su uso, y se ordenó su desalojo inmediato y cierre.

Durante toda noche se ha custodiado el edificio para ejecutar la revisión técnica, y se va a proceder al tapiado de la fachada en la planta calle y al cerramiento de los accesos de la azotea. Mientras, la policía científica investiga las causas del fuego. Y el Ayuntamiento de la capital va a requerir a la propiedad del edificio que proceda a mantener la edificación en condiciones. Sino, estudiarán su expropiación.

“Es intolerable que los grandes tenedores de vivienda, sobre todo entidades bancaria, tengan en este estado las edificaciones en las ciudades permitiendo la ocupación ilegal”, ha indicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano. “Vamos a actuar con firmeza requiriendo a la propiedad que acabe con esta situación y, si sigue ocasionando problemas a los vecinos de Las Fuentes, el Ayuntamiento emprenderá el camino de la expropiación del inmueble”, ha añadido.

Cabe destacar que los técnicos municipales habían intentado sin éxito hacer una inspección urbanística de oficio, y justo el pasado martes 18 de abril solicitaron el amparo judicial para poder entrar. Y es que, como explica el consejero, las limitaciones de la legislación vigente impiden a los Ayuntamiento actuar en materia de ocupación.

Según ha señalado Serrano, “los ayuntamientos, pese a nuestra firme voluntad para acabar con la ocupación ilegal, estamos inertes. Tenemos una legislación estatal y un gobierno de España que no sólo no ayuda, sino que dificulta el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente”.

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