Los jueces y fiscales de Teruel se suman a las protestas contra la reforma del ministro Bolaños

Jueces y fiscales de las tres provincias se han concentrado ante sus respectivas sedes judiciales para sumarse al paro de diez minutos convocado por cinco asociaciones de la profesión para expresar su rechazo a una reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que consideran que afecta gravemente a la independencia judicial e incrementa el riesgo de politización.

En Huesca, una veintena de magistrados y fiscales han participado en la movilización protesta, donde se ha leído el manifiesto consensuado entre las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En la capital aragonesa, se han concentrado alrededor de 40 magistrados en las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y otros 100 ante el Palacio de Justicia de Ranillas, según han informado a EFE fuentes de estas asociaciones, que han calificado de "satisfactorio" el seguimiento.

En la ciudad de Teruel, se han concentrado en torno a una decena magistrados en las puertas de la sede del Palacio de Justicia de Teruel. Aunque había varios, que también apoyaban la concentración, que no estaban presentes. Según han informado a COPE fuentes de estas asociaciones, el seguimiento en la capital turolense ha sido "mayoritario".

Jueces y fiscales piden en su comunicado la retirada de la ley de reforma del Poder Judicial, que se encuentra en tramitación parlamentaria, porque estiman que "recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responde a una demanda social y no contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta el Estado de derecho".

Una norma que -denuncian- supone un retroceso en el respeto a principios constitucionales como el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, "con grave riesgo para la independencia judicial".