El PSOE pide a la Diputación que ayude a los ayuntamientos más pequeños a cumplir con la ley de instalaciones con amianto

La propuesta, que se llevará al pleno previsto para el próximo día 13, se centra en los consistorios con menos de 10.000 habitantes, 196 de los 202 que forman la provincia de Huesca. “La mayoría no tienen recursos humanos ni económicos suficientes para dar cumplimiento, con fondos propios, a las exigencias que establece la norma. Ayudarles es una decisión política, y esperamos que esta vez sí, los pequeños municipios tengan el respaldo de la DPH”.

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca ha pedido a la institución que cree un plan de subvenciones para que los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes puedan cumplir con las obligaciones que establece para todos los municipios la Ley de residuos y suelos. “Hay capacidad económica para hacerlo, es una decisión política como otras que se han tomado y que han ido en la dirección contraria” ha señalado el portavoz del PSOE, Antonio Biescas. “El Ayuntamiento de ayuntamientos no puede mirar para otro lado, es su obligación como Administración ayudar a los consistorios y en especial a los más pequeños”.

El pasado 13 de marzo, ayuntamientos de la provincia de Huesca recibieron una notificación del Gobierno de Aragón en la que se exige a los municipios la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y criterios de priorización para su retirada. “En el caso de los que tienen menos habitantes, no disponen de recursos humanos ni económicos suficientes para afrontar esta exigencia con fondos propios. La Diputación tiene que hacer algo, es el momento de demostrar lo que tanto dicen que hacen pero pocas veces se materializa en proyectos tangibles: que ayudan a los pequeños tanto como a los grandes”.

Por su parte Enrique Pueyo, viceportavoz del PSOE, ha hablado de la “necesidad de que esta propuesta no se quede solo en un acuerdo plenario, es preciso que cuanto antes se empiece a trabajar en las bases de ese plan de subvenciones. La ley exige que el censo y el calendario para la retirada del amianto sean remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales, que después deberán inspeccionar para verificar que se han llevado a cabo y el material se ha enviado a un gestor autorizado”.

En este sentido, Pueyo ha puesto el acento “en algo que los socialistas venimos reclamando desde hace tiempo en todas las instituciones: la visión rural, que es lo que echamos en falta en los planes que convoca esta diputación provincial, que recorta 10 millones de euros a los ayuntamientos y que está trayendo verdaderos quebraderos de cabeza a la mayoría de municipios de esta provincia. Entendemos la necesidad de esta ley y de la disposición que nos ha hecho presentar esta propuesta, pero también somos conscientes de las carencias del medio rural y, por tanto, de la importancia de articular soluciones o respuestas para que puedan afrontarlas en igualdad de condiciones con los municipios más poblados