En los próximos meses unas 300 personas en ciudad altoaragonesa, la mitad de ellas menores, se verán abocadas a la irregularidad sobrevenida debido a la denegación de sus solicitudes de refugio y consecuentemente, expulsados de los programas de acogida que gestionan las entidades colaboradoras.

Cáritas Diocesana asegura que es una realidad que se está imponiendo en la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades, e incluso en territorios pequeños como Huesca.

Desde la entidad llevan tiempo denunciando esta generalizada situación, que está provocando que estas personas desamparadas acudan a los recursos de los servicios sociales municipales o a los limitados recursos de las entidades sociales y especialmente, a los de Cáritas Diocesana de Huesca. “Lo estamos viviendo muy de cerca y lo peor es que la tendencia es alarmante”, subraya Jaime Esparrach, secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca.

España se ha convertido en los últimos años en un destino frecuente para personas solicitantes de asilo y protección internacional, que huyen de sus países de origen debido a situaciones de violencia que suponen un riesgo evidente para sus vidas. Estas personas se ven obligadas a buscar nuevas oportunidades lejos de sus naciones derruidas por la guerra, la injusticia, la delincuencia o la corrupción.

Ante este contexto, Cáritas Huesca, con el apoyo de Cáritas Española, ha iniciado un proceso de incidencia y denuncia con el objetivo de sensibilizar y visibilizar esta realidad. “Además queremos generar una alianza entre entidades sociales y administraciones locales, provinciales y autonómicas, que nos permita movilizar recursos para garantizar una respuesta digna a estas familias”, explica el secretario general de la entidad social.

Por ello, desde hace unas semanas Cáritas Huesca se ha puesto en contacto con diferentes entidades sociales de la capital altoaragonesa y ha impulsado reuniones tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación Provincial de Huesca. “Los logros todavía son pequeños, pero hemos conseguido compartir una visión y poner sobre la mesa los medios habitacionales, económicos y técnicos que nos puedan permitir ir afrontando, de manera muy limitada, esta situación”, apunta Esparrach.

De hecho, tras la primera ronda de contactos, se decidió elaborar una declaración institucional que ya ha sido respaldada y aprobada en sendas instituciones con el compromiso de trabajar en la línea que marca dicho documento.

Las entidades sociales de Huesca que se adhieren a esta declaración, junto con el Ayuntamiento y los grupos políticos que la secundan, quieren manifestar su gran preocupación por esta situación y dar visibilizar a estas situaciones para que se genera un cambio. El siguiente paso será elevar al Ministerio del Interior, competente en esta materia, la petición expresa de que evalúe y enmiende el sistema de resoluciones de asilo que está dejando a tantas familias en situación de grave exclusión y total desprotección.

“Estas personas, familias en su mayoría, acceden al sistema de asilo y refugio español, pero se encuentran con la barrera de las denegaciones, un muro tan alto como cualquier frontera, pero mucho más cruel”, destaca el secretario general de Cáritas Huesca. Después de ser acogidas y concedérsele una autorización temporal que les permite empezar a trabajar a los seis meses e iniciar un nuevo proyecto vital, su solicitud se resuelve de forma negativa en el 95% de los casos.

Así, estas personas quedan condenadas a una situación de irregularidad sobrevenida, a abandonar sus empleos, a no poder acceder a prestaciones públicas y, sobre todo, a la invisibilidad. Una resolución denegatoria que les emplaza a abandonar nuestro país para regresar a una realidad que, en muchas ocasiones, supone un riesgo para sus vidas, más si cabe en el contexto mundial provocado por la Covid-19.

Por ello, tal y como se refleja en la citada Declaración Institucional sobre la realidad de la irregularidad sobrevenida de Personas Solicitantes de Asilo, pedimos:

-Garantizar la plena acogida desde el momento de la presentación de la solicitud de asilo y protección internacional a las personas y familias que lo hagan.

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-Tener en cuenta el nivel de arraigo e integración en el territorio de las familias a las que se les deniega la solicitud, ya sea a través de informe de los servicios sociales competentes o de las entidades acompañantes, para no provocar el efecto contrario al que supuso su acogida y facilitar el mantenimiento de la situación administrativa regular por otros cauces (arraigo laboral, razones humanitarias).

-Colaborar con las entidades locales de todo el territorio nacional para asegurar la adecuada atención de las personas y familias que se ven abocadas a la irregularidad sobrevenida.

-Revisar los criterios para la resolución de solicitudes, ya que España ha duplicado en 2020 el número de expedientes resueltos, pero sigue admitiendo menos del 5% de ellos, frente a porcentajes mucho mayores de los países de nuestro entorno.

“Sabemos que es como poner puertas al mar, pero son acciones significativas y transformadoras, semillas de una forma distinta de hacer las cosas, centrada en la persona y basada en la caridad política y en la construcción colectiva. Y todo ello, porque QUEREMOS VECINOS, queremos ser una comunidad que se defina por derechos, deberes y afectos; una comunidad que se construye con todas las aportaciones y de la que nadie debe estar excluido”, concluye Esparrach.