La operación estaba declarada secreta por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, sin embargo la llegada de un grupo de 20 o 25 miembros de la UCO de la Guardia Civil a la sede central de Abengoa en Palmas Altas corrió como la polvora en Sevilla y enseguida se supo también que buscaban documentación sobre una causa relacionada con delitos societarios y contra el mercado y los consumidores.

La plantilla de la multinacional sevillana se quedó impactada con la llegada de los agentes que les cogió por "sorpresa" y generó "nerviosismo" “porque nadie se esperaba esto y no es plato de buen gusto tener una inspección de la Guardia Civil" según ha declarado a los medios Noelia Sánchez, presidenta del comité de empresa de la filial de Abengoa AbenewCo 1.

Según la citada portavoz sindical, tras ataviarse con los correspondientes "chalecos" identificativos de la Guardia Civil, los agentes habrían accedido a las instalaciones del departamento de contabilidad, donde habrían indicado a "todo" el personal de dicha área que dejasen anotado sobre sus ordenadores su nombre, número de contacto y DNI y que no tocasen sus equipos informáticos. Tras ello, según ha narrado, les habrían pedido que abandonasen las dependencias hasta las 14 horas.

El registro acometido este martes formaria parte de actuaciones judiciales que se inciaron en 2016, como consecuencia de una querella interpuesta ante la Audiencia Nacional tiempo antes, posiblemente en 2015, por un grupo de accionistas por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

El año 2016, recordémoslo, estuvo marcado para la multinacional sevillana por el relevo en la cúpula de la entidad, accediendo ya a finales de noviembre de ese año Gonzalo Urquijo a la Presidencia de la entidad, presidida entre 1991 y septiembre de 2015 por Felipe Benjumea.

La tumultuosa relación de Abengoa con la Audiencia Nacional viene de lejos y ha contado con capítulos que han finalizado bien para la directiva de la empresa, como la sentencia absolutoria de 2018 por el cobro de indemnizaciones millonarias de la cúpula.

Pero en paralelo a esa instrucción, la Audiencia Nacional abrió un nuevo frente contra Abengoa, y el magistrado Moreno encausó de nuevo a Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de falsedad contable y estafa en 'Abengoa II'.

Esta nueva vía de investigación por la estafa a inversores de Abengoa recibió un impulso importante en 2019 con la personación en el proceso de la Abogacía del Estado al considerar que la actuación de los responsables de la compañía pudo perjudicar intereses generales y públicos.

Esta demanda por falsedad contable y estafa de inversores se interpuso en marzo de 2016 después de que la instructora de la causa sobre indemnizaciones millonarias, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, rechazara ampliar su investigación a un posible delito societario por el supuesto falseamiento de las cuentas de la multinacional, al entender que no había conexidad entre ambos hechos.

Así, se presentó una segunda querella por parte de la Plataforma de Afectados por presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración como contra Benjumea y Sánchez Ortega.

EL REGISTRO EN SEVILLA

Ahora, cinco años después, la causa sigue 'viva', y prueba de ello son los registros en la sede de Sevilla. Si bien la causa permanece secreta, se ha podido conocer por fuentes fiscales que no se espera que haya detenidos.

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Abengoa se declaró el pasado mes de febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración. A mediados de marzo, la multinacional sevillana solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la empresa presentó a la SEPI una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías impactadas por la crisis del Covid-19 y dotado con 10.000 millones de euros.

La concesión de la ayuda queda pendiente de que la SEPI y los demás órganos competentes completen sus procedimientos internos de 'due diligence', los cuales se realizarán de conformidad y en los plazos previstos en la normativa de aplicación y hasta la resolución definitiva de la solicitud presentada.

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