Una mala gestión administrativa mantiene en vilo a una veintena de familias de Burguillos tras conocer que un fondo buitre norteamericano se podría quedar con sus casas construidas en suelo público. Fue en 1998 cuando a Rocío, Manuel, María José y a 17 personas les cede el ayuntamiento estos terrenos para autoconstruirse su propia vivienda con materiales que aportaba la Junta de Andalucía y que ellos tenían que devolverle a modo de hipoteca con pagos de 88 euros mensuales durante 25 años.

Desde 2004 habitan legalmente esas viviendas con contrato, copia simple de la escritura y todos sus suministros en orden a la espera de comenzar a realizar esos pagos. Pero los meses empiezan a pasar, incluso años, y esos recibos de pago nunca llegaron a pesar de que que en numerosas ocasiones los reclamaron tanto al ayuntamiento como a la Junta de Andalucía.

Manuel, uno de estos vecinos, asegura indignado que lo único que recibieron fue “la licencia de entrada de primera ocupación” y a partir de ahí no recibieron nada más. “Después de muchos años fuimos a la Junta y nos dijeron que era el ayuntamiento quien lo solucionaba y en el consistorio que ya nos avisarían” pero nada de eso ocurrió.

Rocío es otra de las vecinas que con mucha ilusión construyó su vida entorno a su casa, crió a sus hijos y ahora llora solo de pensar que “después de llevar 20 años viviendo legalmente en sus viviendas protegidas venga un fondo buitre con la amenaza de echarles de allí, es una impotencia monumental”.

También Gregorio, uno de los agricultores de las tierras que son propiedad del ayuntamiento, y que entrarían en el lote de propiedades embargables, teme por lo que pueda ocurrir. "Cultivo cítricos y otros colonos tienen allí melocotones, ciruelas además de ganadería, pero a nosotros tendrán que echarnos de ahí con agua caliente, primero porque llevamos 50 años y segundo porque es nuestro medio de vida".

Unos confían más que otros en que haya una solución. El alcalde, Domingo Delgado, les pide paciencia y en el caso de las viviendas cree que en un 99% de posibilidades el juez tendrá en cuenta la situación y no las incluirá en el lote de las propiedades municipales. A partir de ahí se compromete a iniciar los trámites que se debieron hacer hace 20 años. Por si acaso no fuera así los vecinos han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz.