Tragedia de Adamuz: Un experto analiza las claves del complejo proceso judicial tras la tragedia ferroviaria

Adamuz. 18 de enero de 2026. Unos minutos antes de las ocho de la tarde, un tren Iryo descarrila. Su origen es Málaga. Su destino: Madrid. Nunca llegaría  a la estación de Atocha. A esa misma hora, un tren Alvia procedente de Madrid destino Huelva impacta contra el tren descarrilado. Al principio , el caos. Dos víctimas mortales, nos cuentan a los periodistas que contactamos con Emergencias para saber qué ha pasado.

Después la cifra empieza a subir. Cuatro. Diez. A muchos nos empieza a recordar al accidente de Angrois del 24 de julio de 2013. La cifra sigue subiendo. Al menos veinte víctimas. Treinta. Y así hasta cuarenta y cinco que aparecieron fallecidos tras el mayor accidente de tren de Alta Velocidad de la historia de este país. Y detrás de cada número, una historia. Una vida perdida. Una familia rota por el dolor. Porque nadie se esperaba esto. Tras la recuperación de los cuerpos, empiezan a llegar las primeras denuncias. 

Cuando se produce una catástrofe de la naturaleza de un accidente ferroviario, la prioridad absoluta es la atención a las víctimas. Sin embargo, una vez finalizada esa intervención de emergencia, se pone en marcha un complejo proceso técnico y judicial cuyo objetivo no es solo depurar responsabilidades, sino, fundamentalmente, entender qué ha ocurrido para evitar que se repita. El profesor de Derecho Penal, Carlos Aránguez, desgrana las claves de este procedimiento.

La recogida de pruebas: el origen de la investigación

Inmediatamente después de atender a los afectados, es fundamental consolidar y documentar todos los indicios que puedan ayudar a reconstruir las causas del siniestro. Este primer paso se realiza sobre el terreno, en las propias vías, y es clave para el futuro proceso judicial, ya que de la calidad de estas pruebas dependerá en gran medida la investigación posterior.

Una vez recopilada toda la información, se emiten una serie de informes técnicos periciales que son remitidos al juzgado correspondiente. La investigación, como explica Aranguez, se lleva a cabo en el partido judicial en el que acontece el accidente, que en el ejemplo mencionado sería el de Montoro (Córdoba).

Depurar responsabilidades: el objetivo del proceso

Es habitual que, ante una tragedia de esta magnitud, se asignen magistrados de refuerzo a estos juzgados locales para poder gestionar adecuadamente la complejidad del caso. El procedimiento se abre con una doble finalidad: por un lado, determinar las causas y averiguar si ha habido intervención humana voluntaria, como un sabotaje o terrorismo, o si ha existido una negligencia en la conservación de las infraestructuras que pueda derivar en responsabilidades penales.

Investigar un accidente es fundamental para prevenirlo en el futuro

Carlos Aranguez

Profesor de Derecho Penal

Por otro lado, incluso si no se dan estas hipótesis, la investigación es crucial para la prevención. Como cuenta en COPE Andalucía el profesor Carlos Aránguez, "investigar un accidente es fundamental para prevenirlo en el futuro". Si el siniestro se ha debido a fatiga del metal o a un desgaste imprevisible, el análisis permite aprender para que no vuelva a suceder.

Dentro de la investigación, también se analiza si los servicios de emergencia han actuado de una forma diligente, aunque todo apunte a que así ha sido. Lo importante, recalca el experto, no es solo saber que un raíl ha fallado, sino por qué ha sucedido, ya que solo si se demuestra una negligencia en la conservación de la vía se podría hablar de responsabilidades penales y civiles de los gestores del sistema ferroviario.

Sin embargo, no siempre existe una negligencia o una mala intención. El profesor Aránguez recuerda la figura del caso fortuito, es decir, cuando el accidente se debe a una causa absolutamente imprevisible, como un movimiento sísmico o un desplazamiento del terreno, situaciones que eximirían de responsabilidad a los operadores.

Un camino largo hacia la sentencia

La justicia española es de buena calidad, pero no es precisamente ágil

Carlos Aranguez

Profesor de Derecho Penal

En un caso de esta envergadura, con 45 víctimas mortales y dos trenes implicados, la llegada de una sentencia firme se puede alargar considerablemente en el tiempo. Aranguez recuerda que, para ponerlo en perspectiva, "todavía hay procedimientos abiertos para dilucidar si hubo negligencia o no en la gestión de la emergencia de la pandemia"..

"QUE NO VUELVA A PASAR"

Cuando le preguntamos por los plazos, es claro al respecto: "la justicia española es de buena calidad, pero no es precisamente ágil". A pesar de este conocido problema, insiste en que lo verdaderamente importante en estos procesos es que la justicia haga bien su trabajo y se llegue a dilucidar cuál ha sido el problema que ha causado la desgracia.

Más allá de la posible sanción, la prioridad es la prevención. El objetivo último de todo el proceso, concluye el profesor, es garantizar que no vuelva a suceder en el futuro, poniendo el foco en la reacción y, sobre todo, en la lección aprendida para mejorar la seguridad.