El aumento del precio del alquiler por las viviendas turísticas dispara los desahucios de inquilinos

Cada día en Málaga, los juzgados ordenan a una media de casi cinco inquilinos a que abandonen la casa en la que viven de alquiler... por no pagar el recibo mensual o por no aceptar el nuevo precio del arrendamiento que establece el propietario. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2018 se han registrado en la provincia 1.700 lanzamientos de este tipo, desahucios de inquilinos. La cifra va en aumento año tras año; en 2013 se registraban 1.400 procedimientos de este tipo y ya la cifra roza los 1.700 lanzamientos anuales.

Málaga es, además, la quinta provincia española con más desahucios de este tipo, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Como decimos, según los expertos, uno de los motivos fundamentales de los lanzamientos en casos de alquiler tiene que ver con que el propietario quiere subir el recibo mensual, y el inquilino no lo acepta.

FENÓMENO DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS

Algo muy relacionado con el fenómeno de las viviendas turísticas, según explica el coordinador de la Oficina de Intermediación Hipotecaria del Colegio de Abogados de Málaga, Carlos Cuevas, algo que se deja notar especialmente “en las zonas de la costa, por la presencia de las páginas de internet y aplicaciones de alquiler turístico, porque el propietario puede sacar un mayor rendimiento alquilando por cortos períodos de tiempo y esto ha provocado que se incremente el precio del alquiler de las viviendas”.

En todo caso, aunque hablemos de desahucios, esta tipología en concreto (la del alquiler por desacuerdo con el nuevo precio o por impago) no suele ser un procedimiento judicial demasiado largo: “Normalmente el inqulino está avisado porque el dueño del inmueble suele enviarle un burofax diciéndole que no tiene intención de renovar el contrato; existe un procedimiento especial que es el desahucio por expiración del plazo o por falta del pago de la renta, en el que el inquilino lo único que puede contraponer contra el dueño de la vivienda es si ha pagado o no ha pagado, si ha terminado el contrato o no ha terminado, pero no se discute nada más; es un procedimiento que suele tardar unos cuatro o cinco meses”.