Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Rescatadores

El pasado jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que criminaliza a quienes rezan frente a las clínicas abortivas. La mayoría de los partidos votaron a favor de esta reforma del Código Penal, pendiente del trámite en el Senado. El nuevo artículo 172 quater tipifica la conducta de quien “hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones, en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.

Se pretende amedrentar a aquellas personas que forman parte de asociaciones como “40 días por la vida”; una iniciativa que surgió en Texas durante 2004, para ayudar a las mujeres con dificultades para hacerse cargo de sus hijos, y que en España lleva doce años funcionando. Estos rescatadores aparecen en la película “Unplanned” (2019), que cuenta la vida real de Abby Johnson; la activista y directora de la clínica abortista Planned Parenthood, que colaboró en más de 22.000 abortos. Los integrantes de esa organización en favor del no nacido, aportaron a esta ejecutiva información, ayuda y oración, que supuso replantearse radicalmente su trabajo. Produce desconfianza que las denuncias las formulen no sólo las presuntas violentadas, sino también las clínicas abortivas.

Lo que lleva a cuestionar si el “leitmotiv” de la reforma radica en proteger la libertad e intimidad de las gestantes o la cuenta de resultados de las patronales del aborto. Practicar un aborto cuesta entre 500 a 3.000 €. Estos rescatadores ofrecen soluciones económicas, psicológicas y médicas a las madres, en esa situación angustiosa; tienen la satisfacción de haber salvado a más de 6.000 niños. Dialogan, consuelan, rezan y ofrecen respuestas alternativas a la de trocear al bebé en el seno materno. Se ha introducido esta innovación legislativa con fórceps —nunca mejor dicho—, porque la jurisprudencia tendrá que establecer en este caso cuándo se hostiga o coarta la libertad. Un 70 % de rescatadores son estudiantes universitarios, como los de la fotografía; a simple vista se antoja desproporcionado que puedan amenazar la libertad. Si además se dedican a ofrecer con educación y delicadeza una posible ayuda, se está aplicando un derecho penal de autor, incompatible con el principio de legalidad; porque, que se sepa, no parece que fustiguen con el rosario a las visitantes. El precepto penal se refiere eufemísticamente a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), cuando algunos califican estos lugares de “centros de exterminio” —algo más acorde con la realidad—, porque perpetran la inducción al asesinato. Para la comisión de este tipo delictivo exige concentraciones públicas, pero nada impediría reuniones inferiores a 20 personas.

Para determinar un menoscabo en la libertad e intimidad de las que acuden a esos centros, habrá que probarlo con hechos concretos. Por eso, se tendrá que observar con cuidado las denuncias de las empresas del aborto, que intentan imponer la ley del silencio, para asegurar sus intereses económicos. Está ley está tan cogida con pinzas que transgrede derechos y libertades fundamentales, como la libertad ideológica, religiosa, de expresión, reunión y asociación, para eliminar al disidente que se opone a la cultura de la muerte. Todo apunta a un recurso de inconstitucionalidad que ya ha anunciado Vox, y que el PP —que prometió derogar la actual ley del aborto— continúa pensándolo. Este precepto intimidatorio no podrá impedir que se reúnan pequeños grupos de forma pacífica ante estos centros e intercedan de forma altruista por sus visitantes.

La propia militante provida estadounidense confiesa que cuando acudían a rezar aquellos jóvenes, descendía el número de abortos en la clínica texana. En un estado de Derecho sería inadmisible imponer la censura previa, hurtando cualquier debate social sobre el derecho a la vida del “nasciturus”; máxime cuando el Tribunal Constitucional lleva once años para pronunciarse. Algo muy grave está ocurriendo en este país cuando el Gobierno quiere meter en la cárcel a quienes han salvado más de seis mil vidas, y se realizan homenajes e indulta a los terroristas que han asesinado a más de ochocientas personas.