El Ayuntamiento de Granada trabaja para que la aprobación inicial del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) esté lista antes del final del presente mandato municipal, una vez se han presentado las conclusiones por distritos del proceso participativo.

Así lo ha indicado a Europa Press el concejal de Urbanismo de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, que ha apuntado que, una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto con el resultado de estas jornadas de participación ciudadana, se procederá al requerimiento al equipo técnico del documento del avance, que se espera para principios del próximo año.

Este edicto de participación cuenta con diez días formales para subsanaciones, según marca la normativa, pero desde el Ayuntamiento indicaron que se podrán seguir haciendo después de ese plazo, al igual que las sugerencias que pueda haber al avance.

Se trabaja con la idea de intentar que la aprobación inicial del avance, que irá a Pleno, pueda estar lista para antes del final de este mandato. De este modo, la tramitación del nuevo plan continuaría en el próximo, tras las elecciones municipales del próximo mayo. Para ello, el Ayuntamiento habrá de "preparar los pliegos" para la licitación de la redacción del PGOU en sí, ha detallado Fernández Madrid.

Firmado a finales de julio de 2021, el acuerdo con la empresa Territorio y Ciudad para la redacción del avance, con un periodo de elaboración de 18 meses, contó con un presupuesto de alrededor de 300.000 euros.

Incluyó la elaboración de los documentos con las principales conclusiones de los encuentros entre técnicos y vecinos de los distritos de Zaidín, Norte, Chana, Centro, Beiro, Albaicín y Ronda, con reflexiones, que abarcaron temas como los pisos turísticos o el futuro de las cuevas del Sacromonte así como, entre otros muchos, la integración del tren en la entrada en la ciudad, para la cual el Gobierno ha suspendido temporalmente el contrato de su estudio informativo a la espera de la tramitación del nuevo PGOU.

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Los trámites para el desarrollo del nuevo PGOU fueron impulsados por el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía a finales de octubre de 2020, después de 20 años, un trabajo que entonces se señaló que "marcará la hoja de ruta del futuro desarrollo de la ciudad".

"La Granada del siglo XXI requiere atender las necesidades de su población, una ciudad más sostenible y social que frene la pérdida de población que hemos sufrido durante los últimos 18 años y que siente las bases de la ordenación y planificación urbanística para los próximos 30 años", dijo al respecto el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, un año después.

El proceso participativo abierto para el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada deja en el centro de la capital una llamada de atención por los vecinos de este distrito, que incluye zonas históricas como la del Realejo o la Alcaicería, sobre el riesgo de lo que denominaron "barrios vaciados".

En el documento con sus aportaciones, consultado por Europa Press, tras una reunión con los técnicos que redactan el avance el pasado 19 de mayo, en relación con la vivienda, se agruparon las ideas surgidas en torno a las categorías compra, alquiler y estado de las casas. Este edicto de participación cuenta con diez días formales para subsanaciones, según marca la normativa, pero desde el Ayuntamiento han indicado que se podrán seguir haciendo después de ese plazo, al igual que las sugerencias que pueda haber al avance.

En lo relativo al distrito Centro, los vecinos también han llamado la atención sobre "el exceso de viviendas turísticas", sugiriendo al Ayuntamiento "imponer una moratoria de licencias o una regulación municipal más estricta", en tanto han señalado "el fraccionamiento de las propiedades que provoca la proliferación de dicho tipo" de alojamientos.

Muchas de las intervenciones, según este documento, apuntaron a "la multitud de viviendas vacías existentes", hasta el punto de referirse a "barrios vaciados" dentro del distrito Centro, que agrupa entornos históricos como el del Realejo.

En este sentido, se apuntó a "la necesidad de realizar un inventario municipal de las viviendas vacías" así como a "aplicar políticas de rehabilitación y fomentar" un parque público municipal y "movilizar" a aquellas de "grandes propietarios para su puesta en alquiler social".

Otros participantes aludieron a "la problemática de la ocupación ilegal de las viviendas vacías en los barrios del distrito" y a "la cantidad de infravivienda o de viviendas viejas y abandonadas, y la necesidad de controlar su proliferación a través de ayudas municipales a la rehabilitación".

En este sentido, se solicitaba un registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, en una reunión en que uno de los temas más señalados fue "la subida de los precios del alquiler", en torno a la que se apuntaron varias cuestiones, entre ellas la demanda de bonificaciones para los de larga duración.

Asimismo, se solicitó la declaración del distrito Centro como "una zona de tensión para limitar los precios del alquiler" y un parque público de vivienda para el alquiler social; así como un registro, que distinga si está destinada a ser alquilada por habitaciones, como una forma de controlar también la dinámica en torno a los pisos de estudiantes.

Se planteaba a su vez "la necesidad de un precio máximo de alquiler por metro cuadrado según la renta mediana previo censo o registro de los precios actuales de vivienda de alquiler; a la par que se exigía al Ayuntamiento "comprar a los bancos y fondos de viviendas ocupadas sin contrato o desahuciadas por impago" para "ponerlas al alcance de las familias" que las "habitan".

En este contexto, según el documento, que forma parte del proceso participativo para el avance del nuevo PGOU, la demanda de VPO "es transversal" en tanto su "escasez" es "grave", defendiendo los vecinos que tomaron parte en la reunión "la compra municipal de paquetes de viviendas de bancos y fondos al bajo precio que fueron vendidos".

Finalmente, se apuntaba también en torno a esta materia "la necesidad de favorecer las cooperativas de vivienda en cesión de uso y de la puesta en marcha de programas específicos para colectivos determinados" como jóvenes o mayores, "además de llevar a efectos la declaración de Granada como ciudad libre de desahucios, paralizando la intervención de la Policía Local en ellos".

CUEVAS DE SAN MIGUEL

Por otro lado, en el documento correspondiente al proceso participativo en el distrito Albaicín, una de las temáticas más señaladas por los vecinos fue la relativa a las cuevas del Cerro de San Miguel Alto y su "revalorización como patrimonio de la ciudad de Granada y de la humanidad".

Así, se pedía el reconocimiento de San Miguel Alto como "barrio histórico de cuevas y de arquitectura vernácula", así como su declaración como "patrimonio etnográfico de Granada" y la no especulación con estos terrenos, para, en paralelo, reconocer "el trogloditismo como un modelo de vida inherente al barrio y como ejemplo de sostenibilidad".

En este sentido, se solicitaba la protección de las cuevas y también de sus habitantes, además de "la creación de huertos urbanos en el Cerro de San Miguel en oposición a la especulación relacionada con el turismo".