La plantilla de Hitachi vuelve a la calle para exigir el fin de la "política del miedo" de la empresa

La tensión en Hitachi ha saltado de la fábrica a la calle. Después de permanecer más de 24 horas encerrados en las instalaciones como medida de protesta, la plantilla ha iniciado una manifestación en Córdoba en repulsa a lo que consideran una escalada en la presión por parte de la dirección de la compañía. La protesta es la respuesta a la imposición de sanciones a cuatro miembros del comité de empresa, entre ellos su presidente, Álvaro García Leiva, y busca forzar la retirada de estas medidas y la reanudación de la negociación.

El detonante: cuatro expedientes  

La causa directa del conflicto es la apertura de expedientes contradictorios a cuatro representantes de Comisiones Obreras en el comité: el presidente, Álvaro García Leiva; el secretario, Rafael Polo; y el delegado Rafael Sánchez León, junto a otro compañero. Según la versión sindical, las sanciones se deben a "ejercer nuestro derecho, que es el derecho de informar a los compañeros" sobre una huelga. La empresa, por su parte, alega que se incumplió una norma interna a la hora de comunicar el paro del pasado 24 de octubre.

El presidente del comité ha insistido en que la principal exigencia para desbloquear la situación es la retirada inmediata de las amonestaciones. "Queremos que retiren las cartas de los altos de la mesa y nos sentamos a negociar con la empresa", ha afirmado García Leiva, subrayando que nunca se han negado al diálogo, pero que este gesto es una condición indispensable para retomarlo.

Queremos que retiren las cartas y nos sentamos a negociar con la empresa"

Álvaro Leiva

Presidente del comité de empresa de Hitachi en Córdoba

24 horas de encierro y tensión  

La imposición de las sanciones llevó a los trabajadores a celebrar una asamblea en la que se decidió el encierro en la factoría, que se ha prolongado durante más de 24 horas. La respuesta de la empresa fue calificar la protesta de "ocupación ilegal" y desplegar un fuerte dispositivo de seguridad con "70 guardas de seguridad", según los sindicatos. Además, hasta cinco furgonetas de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones para invitar a los trabajadores a abandonar el lugar, a lo que estos se negaron pacíficamente.

Durante el encierro, la dirección impidió la entrada de "víveres ni comida" para los trabajadores concentrados. "Nos permitieron salir, pero si salíamos no podíamos volver a entrar, lo cual no pudimos ni ver a nuestras familias", ha explicado el presidente del comité. Este ha calificado el trato de coactivo y ha denunciado que se les trata "como si estuviésemos en Guantánamo", añadiendo: "No somos delincuentes, aunque nos estén tratando y nos están coaccionando en la empresa como delincuentes".

No somos delincuentes, ni somos vándalos"

Álvaro Leiva

Presidente del comité de empresa de Hitachi en Córdoba

Un convenio colectivo bloqueado  

Esta crisis, sin embargo, va más allá de las recientes sanciones y tiene su raíz en el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Tras 38 reuniones, las posturas siguen muy alejadas. El comité acusa a la empresa de intransigencia y de querer sufragar las nuevas inversiones a costa de los derechos de los trabajadores. Los principales escollos son la implantación de una doble escala salarial que supondría una merma de 10.000 euros para las nuevas contrataciones y la intención de recurrir a subcontratas para las nuevas líneas de producción.

Desde el sindicato se ha reiterado el apoyo a las inversiones previstas, que incluyen 80 millones de euros de la compañía y 4 millones de la Junta de Andalucía, pero se exige que estas sirvan para crear empleo de calidad. "Somos los primeros que queremos que esas inversiones se ejecuten y que la fábrica crezca, pero no a costa de que entre gente con salarios que no son dignos", argumenta García Leiva, quien teme que el objetivo final sea sustituir empleo estable por el "trabajo precario" de las subcontratas.

El conflicto también ha sido llevado al ámbito político, y el comité ha recabado el apoyo del alcalde de Córdoba y del presidente de la Diputación. Ahora, el sindicato busca escalar la negociación a la dirección nacional de Hitachi en Madrid, desde donde, aseguran, no se tiene conocimiento de algunas de las "normativas dictatoriales" que se están aplicando en Córdoba. Mientras tanto, la plantilla celebrará una nueva asamblea esta misma tarde para decidir los próximos pasos de la movilización.