Concentración en Alcolea por la agresión a una psicóloga y la falta de protección en las cárceles

Los trabajadores y trabajadoras del Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba, se han concentrado este martes para mostrar su apoyo a la psicóloga agredida física y sexualmente por un interno el pasado 8 de julio en la cárcel de Sevilla II. La protesta, convocada por los sindicatos CSIF y ACAIP-UGT, se ha sumado al resto de movilizaciones que han tenido lugar en todas las prisiones españolas dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras los graves hechos ocurridos en Morón de la Frontera.

En Córdoba, donde trabajan 528 profesionales penitenciarios, la indignación es palpable. Más allá de la solidaridad con la compañera agredida, las concentraciones también han servido para visibilizar una situación que el colectivo arrastra desde hace años: falta de medios, escasa protección y un deterioro progresivo de las condiciones laborales. “Cada agresión que sufrimos es consecuencia directa del abandono institucional”, han denunciado los sindicatos convocantes, que exigen medidas urgentes y eficaces ante el aumento de la conflictividad en los centros.

Entre sus principales reivindicaciones, CSIF y ACAIP-UGT han solicitado la dimisión del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca; de la subdirectora de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez; así como del director y subdirector de Seguridad de Sevilla II. A su juicio, la agresión no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una gestión que “prima el maquillaje estadístico frente a la seguridad de los trabajadores”.

En los centros penitenciarios españoles se produce, de media, una agresión cada 16 horas. En los dos últimos años, se han registrado más de 1.000 ataques, muchos de ellos con consecuencias graves. Córdoba no es ajena a esta realidad. Lo sabe bien Javier —nombre ficticio—, médico penitenciario con 40 años de experiencia a sus espaldas. Empezó en la antigua cárcel del barrio de Fátima y desde hace 25 años trabaja en Alcolea. “Toda una vida... algo sé de esto”, comenta con resignación.

El pasado 6 de marzo, vivió por primera vez en cuatro décadas una agresión directa. Un interno que había vuelto de un permiso fue sorprendido con una gran cantidad de droga, lo que desató tensiones internas y una paliza. Cuando Javier fue a atenderlo, el recluso, en un estado de alteración extrema, comenzó a amenazarle. “Le dije que pasara a la sala de curas y me soltó un puñetazo. Luego otro. Y cuando intentamos reducirlo, me mordió el brazo durante casi un minuto. Hoy llevo en la piel un tatuaje de por vida”, relata.

La historia de Javier refleja otra de las grandes preocupaciones del colectivo: la situación de la sanidad penitenciaria. “Estamos en declive absoluto”, lamenta. Tras un auge en los años 80, con el abordaje del VIH o la Hepatitis C, la falta de incentivos, salarios bajos y ausencia de carrera profesional han vaciado la plantilla. “De unas 700 personas que había en su día, hoy quedamos menos de 200”, asegura. Por ello, CSIF ha reclamado que los médicos penitenciarios pasen a depender directamente de la Junta de Andalucía, para que puedan cobrar como cualquier médico del sistema público.

Las protestas seguirán mientras no lleguen soluciones reales. El personal exige una revisión profunda de la clasificación de internos, la dotación de sistemas de emergencia adecuados, y el reconocimiento legal como agentes de autoridad. “No pedimos privilegios, pedimos garantías para hacer nuestro trabajo sin miedo”, han defendido desde los sindicatos.

Desde Alcolea, el mensaje ha sido claro: lo ocurrido en Sevilla II no puede repetirse. Y para evitarlo, advierten, hace falta más que minutos de silencio. Hace falta voluntad política, recursos y respeto a quienes cada día mantienen en pie un sistema cada vez más frágil.