La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha participado telemáticamente en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, donde ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una defensa férrea de la flota pesquera que faena en los caladeros del Mediterráneo. Crespo ha subrayado la necesidad de que Bruselas tenga en cuenta los “informes científicos actualizados” a la hora de poner en marcha nuevas medidas que pueden afectar a la viabilidad del sector.

Carmen Crespo ha solicitado al Ministerio que en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se celebrá el próximo 11 de diciembre en Bruselas, se posicione en contra de “una bajada adicional del 7,5% en el arrastre del Mediterráneo cuando ya han recortado en estos años un 17,5%”. La consejera ha apuntado que esta petición se basa en que “los caladeros están mejor” y que las decisiones que está tomando Bruselas toman de referencia “estudios científicos que no están actualizados”. Asimismo, ha reclamado que se considere que “ya hay embarcaciones con menos de 150 días de pesca al año”, un límite de jornadas por debajo del cual podría estar en duda la rentabilidad de la actividad.

En su intervención, la consejera ha apuntado también que considera “injusto” que se aplique una bajada del 7% de los días de faena a la flota que captura gamba roja en el Mediterráneo, ya que esta decisión no coincidiría con las indicaciones de los estudios científicos.

En relación a los Totales Admisibles de Captura (TAC) y las cuotas para 2023, la consejera se ha referido, entre otras pesquerías, a la cigala en el Golfo de Cádiz. Al respecto, ha apuntado que la reducción del 35% en las capturas “es inviable para el sector y no está adecuada a las consideraciones de los científicos en relación al caladero”.

Sector agroalimentario

Por otro lado, la consejera ha intervenido también en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde ha reiterado su petición de flexibilizar los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 porque, entre otras cuestiones, considera “inasumible” la rotación de cultivos que se reclama, por ejemplo, en el olivar. “Hemos pedido la flexibilización total de los ecoesquemas en este año tan difícil marcado por los altos costes de producción y la complicadasituación para los agricultores y ganaderos por la sequía”, ha subrayado.

Además, Crespo ha solicitado también que “el Ministerio se posicione en Bruselas absolutamente en contra del Nutriscore” porque, como ha explicado, esta herramienta “establece para nuestros alimentos una medición que nada tiene que ver con la realidad”. A modo de ejemplo, se ha referido a la calificación del aceite de oliva “como una grasa vegetal sin poner en valor que se trata de una grasa vegetal saludable”.