Una Escuela de Magisterio dependiente de la diócesis de Córdoba ha decidido premiar con dos mil euros a las universitarias embarazadas que decidan tener a su hijo. Se trata ofrecer a estas universitarias una ayuda para que sigan adelante con la gestación, igual que hacen otras instituciones como Red Madre, Fundación Madrina o el Banco del Bebé, que tan extraordinaria labor desarrollan a favor de las madres que padecen necesidad.

El diputado socialista andaluz Antonio Hurtado se ha visto ofendido por la iniciativa, al extremo de elevar una pregunta al Gobierno sobre si ese premio atenta contra la libertad de la mujer. El diputado apoya su pregunta con el fantasioso argumento de que el premio pudiera proceder de la asignación tributaria que recibe la Iglesia. Parece que ignora que dicha asignación es fruto de la donación libre de quienes desean apoyar la labor de la Iglesia, sean creyentes o no.

El escándalo resulta en este caso patético. Se trata de una iniciativa libre de la sociedad civil para ayudar a mujeres jóvenes que afrontan un embarazo complejo en un contexto social en el que todo las induce a abortar. Evidentemente no es sólo una cuestión económica, pero habría que recordar a este diputado que no es dinero excesivo cuando se trata de salvar una vida humana, mientras que tanto dinero público se emplea en favorecer que sea suprimida.