No solo no habrá pacto de estado educativo. El Gobierno reformará la ley buscando apoyos entre las formaciones que le auparon en la moción de censura, y a tenor de los primeros anuncios, con un sesgo ideológico que recuerda demasiado al que caracterizó la etapa de Rodríguez Zapatero. De entrada, por la vía urgente, la Religión dejará de ser evaluable y se restringirá el peso de la escuela concertada, que supone alrededor de una cuarta parte del total en España, aunque recibe una financiación muy inferior a la escuela estatal. Los obispos se han mostrado «profundamente» preocupados. Así lo exponen en una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, en la que recuerdan que es un derecho de los padres elegir la enseñanza que quieren para sus hijos. Un criterio, por cierto, que el Gobierno sí va a tener en cuenta a la hora de potenciar los Consejos Escolares, pero que ignora en cambio cuando se trata de garantizar la libertad de las familias de elección de centro o de una formación religiosa y moral conforme a sus convicciones. Desatada la polémica, Isabel Celaá, calificaba de «especulaciones infundadas» las reacciones que han generado sus palabras en el Congreso. La ministra sugería, de algún modo, que sus propuestas no son tan radicales como las que defendía en su programa el PSOE, y en eso no le falta razón. Pero no deja de ser preocupante la insistencia socialista de legislar en educación desde el sectarismo y tratando de avanzar de forma poco velada hacia un modelo de escuela única, al margen de cuáles sean las preferencias de padres y alumnos.