«La Iglesia no es un contrincante político». Este es el mensaje que trasladó hace unos días a Pedro Sánchez el presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez. Ambos reafirmaron su voluntad de cooperación, según marca la Constitución, en un clima de mutuo respeto e independencia. Dicho de otro modo, los obispos seguirán colaborando en la integración de los migrantes o en la atención a los más desfavorecidos, pero también expresarán con libertad su opinión cuando crean que deban hacerlo. Es el caso del proyecto de ley de eutanasia, duramente criticado ayer por el secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo.

La Iglesia coincide con la Organización Médica Colegial, que considera contrario a su código ético quitar la vida a un paciente, aun en el caso de que lo pida. No es verdad, por otra parte, que exista necesidad de una ley que introduce en el ordenamiento jurídico un principio muy peligroso, al hacer depender el valor de una vida de apreciaciones subjetivas. Lo que la Iglesia echa en falta, al igual que los médicos, es una legislación estatal sobre cuidados paliativos. Está al alcance de la medicina evitar sufrimientos innecesarios, pero se necesita una ley que garantice el acceso a estos servicios. Dicho lo cual, Gil Tamayo advirtió que la CEE no es un agente político. Los obispos seguirán ofreciendo criterios, pero la responsabilidad de actuar corresponde a los seglares.