Unas doscientas personas, según datos de la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo en Barcelona para protestar por el modelo de transición energética que se está imponiendo en Cataluña, que consideran que se hace de espaldas al medio rural y que relega a los ayuntamientos a un papel secundario.

Convocada por la Asociación de Micropueblos de Cataluña, la Red por la Soberanía Energética y otras 35 entidades y plataformas de toda Cataluña, la concentración se ha celebrado esta mañana en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Las entidades convocantes apuestan por una transición energética "democratizada, municipalizada y eficiente que respete la biodiversidad, el paisaje y a los ciudadanos del medio rural".

Si bien están de acuerdo con la introducción de las energías renovables, exigen que se tengan en cuenta las necesidades del mundo rural y el impacto que algunas de estas instalaciones, eólicas en su mayoría, tienen sobre el paisaje e indirectamente sobre el turismo y la agricultura, dos de los pilares económicos rurales básicos.

De hecho, denuncian que desde principios de 2020 se ha producido un alud de tramitaciones de proyectos de energías renovables para instalarse en suelos no urbanizables, la mayor parte de ellas en municipios rurales, sin contar con la opinión del territorio y relegando a un papel totalmente secundario a los ayuntamientos de las localidades afectadas.

Las entidades convocantes consideran que el modelo energético que se está imponiendo perpetúa el modelo anterior, ya que el control de la energía sigue en manos de oligopolios energéticos, y prioriza el modelo de grandes instalaciones energéticas por todo el territorio sin dar voz a los agentes locales afectados.

En esta línea, piden la derogación del decreto ley de Parques Eólicos, ya que consideran que "solo ha servido para impulsar el alud de macroproyectos", así como una moratoria de todos los que se encuentran en fase de tramitación.

Solicitan asimismo que se garantice la capacidad de decisión de los ayuntamientos y de los ciudadanos para evitar una excesiva concentración de estas empresas en zonas concretas de Cataluña y para que no puedan instalarse en aquellas donde su presencia afecte negativamente al patrimonio natural, cultural y paisajístico.