La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha afirmado que la transición ecológica es el "esqueleto" de la mayor parte de las medidas que conforman los planes de recuperación en España, bajo el paraguas de una inversión verde, que alcanzará el 40 % del total de los fondos europeos.

En una comparecencia telemática para explicar los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la también ministra de Transición Ecológica ha hecho hincapié en la importancia de una transición verde para "garantizar la solvencia y la generación de empleo y prosperidad", en un contexto de adaptación "del territorio y de nosotros mismos" a las alteraciones del sistema climático.

En su intervención, la vicepresidenta ha subrayado que, del total de los 70.000 millones que movilizará el PRTR en el 2021-2023, un 40,29 % de las inversiones deberá contribuir a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la meta de plena descarbonización de la economía a 2050.

Asimismo, el 100 % de las inversiones debe respetar el denominado filtro verde, de modo que la totalidad de reformas y actuaciones sujetas al Plan no provoquen ningún daño significativo al medioambiente.

La ministra ha desgranado las medidas y ha detallado que desde su ministerio se gestionarán 15.339 millones de euros -casi un 22 por cien del plan-, de los que 10.756 millones estarán destinados a una transición energética justa e inclusiva y alrededor de 4.583 millones de euros a ecosistemas resilientes.

Entre las medidas, la ministra ha apostado por el gasto en vehículos eléctricos, movilidad sostenible, rehabilitación energética y gestión forestal, además de proteger y revalorizar el capital natural, mediante la protección de ecosistemas, la descarbonización, a través de economía verde y azul.

De esta manera, se prevén actuaciones en biodiversidad terrestre (restauración de zonas degradadas, inversión en parques nacionales y restauración de al menos 10.000 hectáreas de humedales), biodiversidad marina, conservación y restauración del espacio fluvial (rehabilitación de unos 3.000 km de ríos dentro de los 25.000 contemplados en el plan europeo).

Asimismo se contempla la protección del litoral con actuaciones de preservación y recuperación de playas, sistemas dunares, humedales costeros y otras fórmulas de intervención en al menos 200 kilómetros de litoral.

Respecto a la gestión del agua, un "asunto de gran importancia", Ribera ha manifestado la necesidad de afrontar un ciclo hidraúlico que se presenta distinto, con sequías e inundaciones, y eso forma parte de las prioridades, sin olvidar la gobernanza del agua.

Otros elementos destacados de la contribución verde es la implementación de la economía circular y de la normativa de residuos, que incluyen la reducción en un 30 % del consumo de materiales en relación con el PIB, además de la reducción de la generación de residuos un 15 % respecto de 2010.

Respecto al plan de choque de movilidad sostenible, la ministra ha asegurado entornos urbanos y metropolitanos "seguros y conectados" para la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire a través de medidas dirigidas al propio tejido de la ciudad y a la potenciación del transporte urbano y metropolitano.

El Plan también destina una línea de inversión a la reactivación de las zonas en declive demográfico; En total, más de 10.000 millones irán dirigidos a vertebrar el territorio a través de actuaciones orientadas a luchar contra la despoblación y a marcar una agenda de igualdad y cohesión territorial a través de medidas frente al Reto Demográfico.

En este punto, la vicepresidenta ha incidido en el papel fundamental de las ciudades en la transformación económica y social, pero sin olvidar otros entornos como el rural, y ha urgido en "avanzar en el fin de la brecha de desigualdad" entre las dos Españas.

Por último, la ministra ha precisado que tal y como pide Europa, no solo hay que invertir, sino que también es necesario impulsar reformas y para ello es indispensable la acción conjunta de tres instrumentos para la ejecución de estas medidas: el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales.