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POZOS ILEGALES (Previsión)

La labor del Seprona contra el 'gruyer' de los pozos ilegales:1.114 denuncias

El caso de Julen, el pequeño que murió en un pozo ilegal en Totalán (Málaga), puso sobre la mesa el problema de la extracción ilícita de agua en España, un queso gruyer cuyos agujeros intenta taponar el Seprona de la Guardia Civil, que en los últimos años ha interpuesto 1.114 denuncias por pozos ilegales detectados.,Según los datos del Seprona, a los que ha tenido acceso Efe, entre 2013 y 2017 los agentes de esta unidad especializada del instituto armado tramitaron además

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 10:55

El caso de Julen, el pequeño que murió en un pozo ilegal en Totalán (Málaga), puso sobre la mesa el problema de la extracción ilícita de agua en España, un queso gruyer cuyos agujeros intenta taponar el Seprona de la Guardia Civil, que en los últimos años ha interpuesto 1.114 denuncias por pozos ilegales detectados.

Según los datos del Seprona, a los que ha tenido acceso Efe, entre 2013 y 2017 los agentes de esta unidad especializada del instituto armado tramitaron además 1.530 denuncias por extracción ilegal de aguas, tanto en pozos, como acequias, ríos, etc...

Y de los pozos detectados con irregularidades, sólo diez fueron clausurados.

Por confederaciones, son la del Guadalquivir y la del Tajo las que acumulan más denuncias, tanto por extracción ilegal de agua como por pozos ilegales, con 470 y 371, respectivamente, en el primer caso, y 160 y 268 en el segundo.

En la Confederación del Cantábrico las cifras son mucho más bajas, con 84 denuncias por extracción y 14 por pozos. En la del Duero son 247 y 169; en la del Ebro, 204 y 57; en la del Guadiana, 169 y 120; en la del Júcar, 43 y 30; en la del Segura, 67 y 46 y en la del Miño-Sil, 76 y 71.

El capitán Esteban de Diego, de la Jefatura del Seprona, reconoce, en una entrevista con Efe, que es prácticamente imposible saber el número de esas excavaciones ilegales, pero recuerda que durante muchos años en España "cualquiera se hacía un pozo" para su casa de campo, a veces incluso dos, sin autorización previa. Y muchos, optaban por un "bypass".

Contra ese gruyer" actúa la Guardia Civil en un doble objetivo: evitar la extracción ilegal de un bien escaso como es el agua y garantizar la seguridad ante el peligro que puede suponer una excavación no señalizada y realizada en cualquier parte.

Son dos cuestiones que van en paralelo, añade el capitán, pero en una primera instancia el Seprona, como servicio de protección de la naturaleza, pone el foco sobre todo en la defraudación del agua, en el abuso de este bien.

Una de las dificultades con las que se encuentran los agentes es la diversidad de normativas en las diferentes comunidades autónomas y confederaciones, unos organismos con los que la Guardia Civil trabaja codo con codo.

Porque, según subraya este mando del Seprona, la apertura de un pozo se rige por una normativa, la de minas, pero a la vez tiene que contar con las licencias municipales o autonómicas, según el caso.

Mientras, la extracción de agua requiere otras autorizaciones y se tiene que adaptar a otras normativas, a veces diferentes en cada comunidad. Casi siempre se exige la instalación de caudalímetro para medir el caudal y el gasto volumétrico.

Cada actuación de los agentes puede ser diferente. En muchas ocasiones, los guardias sorprenden a alguien que está empezando a perforar y no aporta la autorización pertinente del municipio, por lo que esa denuncia se interpone ante el ayuntamiento como propuesta de sanción.

En otros casos, el pozo ya está hecho y la actividad supervisada es la extracción ilegal de agua. La denuncia se tramita ante la confederación hidrográfica correspondiente.

A veces, es la propia patrulla del Seprona la que en la realización del servicio observa que en un lugar determinado, donde antes no existía ningún pozo, de repente hay un cambio de cultivo que requiere agua. Se inicia así una investigación para comprobar si ese agua llega ahora de forma legal o no.

Son diferentes actuaciones que esta unidad de la Guardia Civil lleva a cabo por toda la geografía, aunque la mayor actividad se centra en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, regiones con un mayor problema de sequía.

No se clausuran muchos pozos, pero sí se precinta por orden judicial o de la autoridad administrativa correspondiente, que son los que finalmente deciden los siguientes pasos.

La mayoría de las denuncias se quedan en el ámbito administrativo, pero otras pasan a la vía penal, como podrían ser las que se tramitan por la excavación de pozos en acuíferos sobre explotados o aquellas extracciones abusivas afectan a los recursos naturales y al ecosistema.

Como resalta el capitán Esteban, "la naturaleza no es ilimitada y hay zonas que están muy mal por culpa de ese uso abusivo". La excavación de un pozo, añade, no es algo que pueda "hacerse a la ligera" y sin autorización. Si no se hace legalmente, "el agua se acabará", apostilla este mando del Seprona.

Y como primer consejo, el capitán insiste en que si se perfora, lo mínimo que debe hacerse es señalizar el pozo, porque en más casos de los que parece, no se hace.

Los pozos ilegales -concluye Esteban- suponen "un problema gravísimo" tanto por la extracción de un recurso escaso como y por los riegos para la seguridad. El caso de Julen es un ejemplo.

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