El sindicato CSIF ha criticado este viernes la demora "sin justificación" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en la tramitación de la Ley Básica Estatal de Agentes Medioambientales y Forestales, una reivindicación "esencial para el futuro del colectivo".

Según un comunicado del sindicato, "cuesta entender" las razones del retraso, cuando este texto pasó en 2018 el primer trámite en el Senado con la aprobación de la mayoría de la Cámara.

Por ello, denuncian la dilatación e incumpliendo de los plazos y exigen una Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales que les dote de unas garantías jurídicas mínimas en todo el territorio nacional.

Los 6.000 empleados públicos de los Cuerpos de Agentes Forestales de todo el Estado llevan siendo "una policía administrativa especial y judicial genérica desde hace al menos 150 años", aseguran en la nota, pero, actualmente, sus competencias y funciones están recogidas en diversas leyes sectoriales, insuficientes para garantizar la seguridad jurídica y física de las plantillas decisivo en la protección efectiva de la biodiversidad.

Critican "el abandono y la falta de apoyo por parte del Ministerio" que "contrasta" con la labor desarrollada por el colectivo, aún más relevante estos días aún frente a emergencias como la crisis volcánica de La Palma, en donde están apoyando los desalojos, los controles de acceso a las pistas forestales y acompañan a los científicos en la recogida de muestras, entre otras muchas funciones.

Explican que en 2018, los grupos políticos ahora en el Gobierno ya sacaron adelante en el Senado la toma en consideración de esta Ley Básica de Agentes Forestales, con un amplio consenso y con tan sólo nueve votos en contra.

El sindicato sostiene que la norma es una "herramienta vital" para regular la actividad del colectivo, pero también para la conservación de nuestros bosques y nuestra biodiversidad, cada vez más amenazada por el cambio climático.

Subrayan que esta ley garantiza la seguridad física y jurídica adecuada y protege a los que protegen porque no es posible lamentar más muertes en acto de servicio o asesinatos "como los ocurridos entre el colectivo en los últimos años".

El CSIF señala que la Fiscalía de Medio Ambiente ha recopilado unas 20.000 leyes, directivas y disposiciones ambientales entre la legislación autonómica, nacional, europea e internacional de carácter medioambiental.

Sin embargo, esta amplia legislación para regular la protección del medio ambiente de poco sirve si no se cumple, si no hay un colectivo que ejerza la vigilancia y custodia de la naturaleza, como el de los agentes medioambientales y forestales.

Por ello, insisten en que es necesario afianzar las funciones este colectivo y recuerdan que su bagaje, la dualidad técnico-policial y su carácter de agente de la autoridad como policía administrativa y judicial subrayan su papel fundamental en defensa de la naturaleza, la biodiversidad y del conjunto de la sociedad.

Recuerdan que el próximo mes de noviembre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, convocará por segunda vez en una mesa sectorial a las comunidades autónomas para que se pronuncien sobre el borrador de Ley.

Desde el sindicato, reconocen que la tramitación requiere de procedimientos de información y participación, pero piden que se apruebe con la mayor celeridad posible después de su paso por el Senado para que se apruebe en el Consejo de Ministros.