Ana Tuñas Matilla

La introducción de renovables en España avanza "a buen ritmo" pero el sector advierte de que la lentitud a la hora de tramitar los proyectos y la contestación social hacen peligrar la consecución de los objetivos marcados para 2030.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla la instalación en España de 60 gigavatios (GW) de potencia renovable entre este año y 2030, lo que exige un ritmo medio anual de unos 5.500 megavatios (MW).

Al final de periodo, se prevé que España cuente con una capacidad instalada total de 161 GW: 50 eólicos, 39 fotovoltaicos, 27 de ciclo combinado, 16 de hidráulica, 9,5 de bombeo, 7 termosolares y 3 nucleares, entre otras tecnologías.

Para facilitar el despliegue renovable, el Gobierno ha retomado el sistema subastas, que no se celebraban desde 2017, con el objetivo de adjudicar a un precio fijo, al menos, 19,44 GW hasta 2025.

En la subasta de enero se adjudicaron 3.000 MW a un precio medio de 25 euros/Mwh, y en la de octubre 3.213 MW a 30,56 euros MW/h de media, unos precios muy inferiores en ambos casos a los del mercado eléctrico mayorista, actualmente por encima de los 200 euros MW/h. Esos más de 6.000 MW entrarán en funcionamiento entre 2023 y 2024.

LAS RENOVABLES DEBEN REPARTIRSE POR TODO EL TERRITORIO

"En general, las renovables tienen un gran reto: la tramitación administrativa", un cuello de botella que hace que el despliegue "no esté yendo al ritmo al que debería" y que sea difícil cumplir los objetivos, ha advertido en declaraciones a EFE el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez.

De media, un parque eólico tarda más de 5 años en construirse desde que comienzan los estudios. En algunos casos, como en Cataluña, el proceso dura hasta 10 años, según Márquez.

El hito más complicado es el de la tramitación ambiental y el hecho de que no esté perfectamente delimitado hace que en algunas regiones se pidan papeles "de más" por presiones sociales y cuestiones políticas, pues algunos gobiernos autonómicos están usando las renovables como arma arrojadiza contra el Ejecutivo central.

La contestación social, sobre todo en la zona Norte, está haciendo que se paralicen los procesos, y la solución pasa por hacer estudios exhaustivos de impacto ambiental, introducir medidas compensatorias y que los técnicos puedan trabajar sin presión. En alguno casos, se dilata tanto el procesos que incluyo se corre el riesgo de perder el permiso de acceso (caduca a los 5 años), ha añadido.

"Es un tema de responsabilidad colectiva, de empresas, ciudadanos y gobiernos, porque si no logramos avanzar el daño estructural será mucho peor. Necesitamos diversificar y equilibrar el despliegue a lo largo de todo el territorio", porque no sería justo que se colocara todo en una zona y que los que se oponen se beneficiaran también de las renovables, ha señalado.

CADA AÑO QUE SE PIERDE, UN AÑO MÁS EMITIENDO CO2 INNECESARIAMENTE

"La fotovoltaica en España está en un buen momento. Las subastas, que están permitiendo rebrotar al sector. En suelo contamos con 13,2 GW y en autoconsumo con 1.539 MW", ha explicado el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

Sin embargo, para alcanzar el objetivo a 2030 "necesitaríamos acelerar el proceso de introducción de nuevas plantas" con más subastas (al menos 1 G más esta mismo año) y acortando los plazos administrativos, pues dependiendo de la autonomía, se alargan entre dos y tres años.

Además, el Gobierno debe ofrecer seguridad jurídica a los inversores, ya que para lograr los objetivos fotovoltaicos del PNIEC hay que movilizar unos 25.000 millones.

"Ese dinero saldrá de la iniciativa privada, no necesitamos ayudas, lo que necesitamos es estabilidad, reglas del juego claras y menores tiempos de tramitación", ha insistido Donoso.

En cuanto al fenómeno de la contestación social, ha señalado que se trata de un tema "muy grave" basado en la desinformación. "Si las cosas se hacen bien", las plantas se convierten en reservas de la biosiverdidad, pues en ellas no entran cazadores ni se usan fitosatinarios o plásticos, ha afirmado.

"Es verdad que tienen impacto paisajístico, pero no más que una nuclear o central de gas", según el director de UNEF, que para reducir esta impacto ha lanzado un certificado de excelencia que distinguirá a las plantas que se rodeen de vallas vegetales, contenga nidos y refugios para la pequeña fauna, humedales y no usen cemento, entre otras cuestiones.

"Cada año que se pierde, es un año que se está emitiendo CO2 de forma innecesaria y pagando energía más cara de lo que se debería", ha advertido.

LA INSTALACIÓN DE NUEVAS RENOVABLES BAJA A LA MITAD EN 2021

En 2019 se instalaron 7.000 MW renovables y en 2020 se superaron los 5.000, mientras que en lo que va de 2021 se han implantado sólo 2.500, con lo que el ritmo se está ralentizando, ha apuntado el director general de APPA Renovable, José María González Moya.

Después de que entre 2013 y 2018 prácticamente no se instalara nada, el sector ha vuelto con interés a desarrollar proyectos pero las barreras burocráticas, el papeleo, las autorizaciones, están provocando atascos en todas las administraciones que retrasan todo el proceso.

"Necesitamos es que se agilice todo esto, eso sí, cumpliendo siempre la legislación ambiental", ha añadido González Moya, quien ha hecho un llamamiento a empresas y administración para que trabajen porque todos los proyectos sean compatibles con el territorio en el que se van a implantar y poner así freno a la contestación social.

Por otra parte, ha insistido en la necesidad de enviar señales claras de que la transición hacia un modelo energético renovable es una apuesta clave e inamovible de España, para lo que, a su juicio, es imprescindible el consenso político.

"El PNIEC es ambicioso, pero con la planificación adecuada, con las subastas y con estabilidad regulatoria, los objetivos no serán difíciles de conseguir", ha añadido.

LA CONTESTACIÓN SOCIAL, UN FENÓMENO IMPREVISTO

Para la Fundación Renovables, el principal escollo que existe actualmente para el despliegue renovable es la contestación social, principalmente contra fotovoltaica y eólica, "algo que no habíamos previsto" y que sólo se está dando en España, según su portavoz Ismael Morales.

"Los objetivos se pueden conseguir, el mercado está activo pero los fondos se empieza a inquietar por el rechazo social que está habiendo contra los grandes proyectos. Esto se debe regular, se debe poner orden para que no exista".

Por ello, el Gobierno debería acometer una revisión urgente del PNIEC y establecer un planificación bajo criterios territoriales, ambientales y de inclusión social vinculantes para todos los proyectos y regiones.

El objetivo, evitar que se saturen zonas y que los ciudadanos sean escuchados, lo que pondría freno a esa oposición "irracional" que se está generalizando, sobre todo en zonas agrícolas.