Una coalición de diferentes empresas entre las que se encuentran Google y Amazon ha pedido ante una corte federal de Estados Unidos que se recuperen las normas que garantizan la neutralidad de la red, el principio que protegía la igualdad de acceso a internet. La Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones (CCIA) ha presentado un documento ante el tribunal del Circuito del Distrito de Columbia, en Washington, en apoyo a una apelación anterior que reclama la recuperación de unas normas que garanticen internet como servicio público. Esa asociación, que engloba a Google, Amazon, Facebook o Samsung, entre otras compañías tecnológicas, considera que la neutralidad de la red garantiza la igualdad de acceso a un internet "abierto", así como el desarrollo del sector.

El pasado 14 de diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó a favor de abolir la neutralidad de la red haciendo valer la mayoría conservadora en la institución federal y acabando con una norma que fue impulsada por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y aprobada en 2015. Bajo la nueva regulación, las empresas proveedoras de internet tienen la capacidad de bloquear o ralentizar el acceso a páginas web a su antojo, sin importar su contenido, sean medios de comunicación o plataformas de vídeo como Netflix, con el único requisito de notificarlo públicamente.

Así, las proveedoras de servicio de red podrían consagrar una revolución en el sistema de negocio, cobrando más por el uso prioritario de ciertos portales y bloqueando o ralentizando otros. Este giro, reclamado durante años en las filas republicanas, generó una gran preocupación entre las empresas generadoras de contenido, la oposición demócrata, grupos defensores de los derechos civiles y de los consumidores, y ciertas voces conservadoras. El movimiento de las pasadas horas llega en respaldo de una petición de revisión registrada la semana pasada por la compañía tecnológica Mozilla, que iba en la misma línea, ante la misma corte de apelaciones. Además, 22 estados y el propio Distrito de Columbia también presentaron una apelación la semana pasada para acabar con la norma aprobada el 14 de diciembre.