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El Tribunal de Cuentas propone que la Agencia de Protección de Datos se financie con los PGE

Además, quiere que sea la Agencia Tributaria la que se ocupe de la recaudación de sanciones

El Tribunal de Cuentas propone que la Agencia de Protección de Datos se financie con los PGE

MADRID, 17/11/2020.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente (i), y el presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de cuentas, Santos Cerdán León (d), asisten al debate y votación de la propuesta de resolución de varios informes de fiscalización, entre ellos el de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017. EFE/ Mariscal POOLMARISCAL

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:38

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha presentado este martes en el Congreso el informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), correspondientes a sus ejercicios de 2016 y 2017, en el que propone que este organismo se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sea la Agencia Tributaria quien se ocupe de la recaudación de sanciones.

En el informe, el tribunal explica que los ingresos presentados por la agencia "no reflejaron adecuadamente la realidad", en parte, porque los derivados de las sanciones impuestas por la AEPD --de las que se financia-- superaron ampliamente las previsiones realizadas. En concreto un 208% en 2016 y en un 238% en 2017.

El documento, también señala que no se incluyeron entre las previsiones las cuantías por recargos e intereses de demora, pese a ser conceptos de ingresos recurrentes y de posible cuantificación.

Estos valores, según destaca el órgano que preside María José de la Fuente, suponen más del 95% del total del activo de la entidad. Así, los saldos de tesorería son "muy importantes" y pasaron de 63.465,9 miles de euros, en 2016, a 66.034,3 miles de euros en 2017; mientras que la rentabilidad de estos saldos apenas alcanzó 6,3 miles de euros en 2016 y 4,4 miles de euros en 2017, según denuncia el tribunal.

El texto también maneja entre los datos destacados que, los derechos pendientes de cobro también ascendieron de casi nueve millones y medio de euros en 2016 a más de once millones y medio en 2017.

MEJOR CONTROL DE LA PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES

Ante esta situación, el órgano fiscalizador ha llamado a la AEPD a introducir cambios en su sistema de contabilización de los derechos de cobro por sanciones, de forma que éstos solo se reconozcan en el momento del ingreso anticipado de la sanción o de la notificación de la resolución sancionadora, no cuando tiene lugar la notificación del acuerdo de inicio de los procedimientos.

Pero, además, recomienda a la agencia que inste a las autoridades presupuestarias a modificar en su sistema de presupuestación y de su financiación, consistente en que pase a financiarse con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado (compatible con la posibilidad de generar una reserva con un porcentaje de los ingresos que genere) y sea el Tesoro Público el que se encargue de los cobros de las sanciones en periodo voluntario.

En su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribuanal de Cuentas, De la Fuente ha reconocido que "una parte esencial" de los recursos de la AEPD vienen "de su potestad sancionadora" generando "un remanente de tesorería que, si no se gestiona", tiene baja rentabilidad.

Es por ello que ha planteado la posibilidad de que la Agencia modifique su sistema de financiación y lo haga a través de las cuentas del Estado, "como la mayoría de organismos" y, al mismo tiempo, no lo considera incompatible con que mantenga en reserva "un porcentaje de lo recaudado".

MEJOR ACTUALIZACIÓN

Se trata, ha indicado la presidenta del Tribunal, de una petición que no es nueva. De hecho, ha indicado, ya se incluía en las recomendaciones del informe correspondiente al año 2009.

Por otra parte, el órgano fiscalizador también recomienda a la agencia elaborar unos criterios uniformes y homogéneos en relación con la información que remite a la Agencia Tributaria a efectos de continuar la gestión de cobro de los deudores, mejorando la periodicidad en la remisión de los listados.

En este sentido, también propone una mejora del control interno de los plazos de prescripción de las infracciones para evitar sentencias judiciales estimatorias para los sancionados y el correspondiente coste para la Agencia.

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