Los sindicatos UGT y CSIF se han mostrado críticos con el último borrador de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario porque consideran que sigue siendo insuficiente para acabar con la precariedad laboral de las plantillas y apuntalar su desarrollo profesional.

UGT ha valorado hoy las modificaciones introducidas en el segundo borrador del anteproyecto de la LOSU, conocidas ayer martes, pero cree que antes de su tramitación parlamentaria se necesita más consenso y conocer su memoria económica.

Además, los mecanismos que esta ley prevé "no son suficientes para estabilizar las plantillas y acabar con la precariedad entre el profesorado y el personal de administración y servicios".

Aunque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 establece una tasa de reposición de efectivos superior a la fijada en la última década (120%), mientras exista dicha tasa, no será posible recuperar las plantillas anteriores a la crisis que comenzó en 2012, añade.

En cuanto a la regulación del Personal Docente e Investigador "se han producido algunos avances", pero UGT insiste en que las figuras docentes e investigadoras que describe esta ley, "no permitirán desarrollar una carrera profesional eficiente y eficaz".

También insiste en reclamar la reducción de la temporalidad a un 8 %, tal y como ocurre con el resto de administraciones públicas, aunque valora la reducción que esta Ley impone del 40% al 20% y el aumento del porcentaje de PDI Funcionario al 55 %.

Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que la futura ley va a incrementar la precariedad laboral ya que "instaura una nueva vía de puestos de trabajos laborales, de manera paralela a la carrera funcionarial".

"Desde CSIF lamentamos que está condicionada por los socios nacionalistas del Gobierno y se corre el riesgo de fragmentar el sistema universitario español. Esto es así porque cada comunidad autónoma podrá desarrollar sus propias figuras laborales y acreditarlas de manera independiente a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca)", explica.

El texto recoge que las comunidades podrán desarrollar figuras laborales con niveles comparables a las de Titular de Universidad y Catedrático.

De esta manera, cada CCAA tendrá "un marco laboral diferente, un convenio colectivo con una carrera académica distinta, figuras de Personal Docente Investigador variopintas, retribuciones no armonizadas, agencias y criterios de evaluación diversos y normativas de selección desiguales".