El Gobierno regulará en próximos días el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, una solicitud planteada por las autonomías y cuya implantación estudia el ministerio de Sanidad, que por ahora no ha dado detalles concretos de la extensión de esta medida ahora limitada al transporte público.

Esta intención, anunciada en una rueda de prensa por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se produce el mismo día en el que la cifra de fallecidos baja por primera vez de 100, situándose en 87 en las últimas 24 horas, la más baja desde hace dos meses.

El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha subrayado que el dato es "una buena noticia" pero ha apelado a la prudencia, pues, según ha reconocido también, con el efecto fin de semana "puede haber algún retraso en las notificaciones" de los datos. Pero pese a las ondulaciones con algunos picos que se están observando en cuanto a los nuevos casos, la evolución de la detección de fallecidos está bajando progresivamente, ha agregado.

"Las cifras de la epidemia tienen una tendencia positiva, pero aún persisten los riesgos", ha advertido la portavoz del Gobierno, que ha vuelto a ponderar la restricción, cada vez más modulada, de los ciudadanos, sustentada en la figura del estado de alarma.

"Tenemos que mantener la cautela y prudencia necesaria; hemos avanzado muchísimo, pero no hemos llegado final del camino. Ni las prisas, ni las presiones, ni los discursos que alimentan los agravios son buenos consejeros en esta situación", ha resumido la portavoz, quien ha dicho que el estado de alarma ha salvado unas 300.000 vidas.

Precisamente la solicitud de una quinta prórroga del estado de alarma que el Gobierno llevará el próximo miércoles al Congreso ha sido uno de los temas de la décima reunión telemática que este domingo han mantenido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos.

Las fases de desescalada han vuelto a ser el centro de debate de este encuentro entre Sánchez y sus homólogos autonómicos, que han reclamado en algunos casos soluciones jurídicas diferentes al estado de alarma y expuesto sus preocupaciones sobre la recuperación económica y la petición de quinta prórroga.

También han solicitado de forma generalizada que se establezca el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, como ha pedido la presidenta balear, Francina Armengol, entre otros, y, en el caso del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, que se den a conocer públicamente los informes sobre las fases de desescalada de las comunidades autónomas.

En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que dichos documentos se harán públicos una vez todas las autonomías se encuentren en la misma fase de desescalada para evitar no alentar competencias entre territorios.

"Los informes de pase a fase 1 se darán a conocer cuando todos estemos en fase 1, y los del pase a fase 2, cuando todos hayamos alcanzado la fase 2" y sucesivas, ha asegurado el ministro de Sanidad, quien ha precisado que si alguna comunidad autónoma solicita acceder a su propio informe lo podrá solicitar en cualquier momento, tal y como ha hecho Madrid.

Poco antes de estas declaraciones, la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, había expresado ante Sánchez su malestar tras denegar Sanidad el viernes el salto de Madrid a la fase 1, y pedido al Gobierno transparencia y la publicación de los informes para poder entender "qué vara de medir hay y si se cambian de criterios cada semana".

Con las excepciones de la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y buena parte del territorio de Castilla y León, serán 14 comunidades autónomas las que se encontrarán desde mañana en la fase 1 de la desescalada, lo que supondrá un paso más hacia la denominada nueva normalidad para el 70 por ciento de la población.

Además, las islas de Formentera y Cabrera, en Baleares, y las de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, en Canarias, serán los únicos territorios nacionales que avancen a la fase 2, que amplía las salidas a grupos de 15 personas y permite la apertura de centros comerciales, entre otras muchas medidas de relajamiento del confinamiento.

A estas medidas de alivio se le suma otra que se tomará en el futuro y ha sido comunicada este domingo por Sánchez a los presidentes autonómicos, la eliminación de las franjas horarias para salir a pasear, el ocio de los niños o hacer deporte en los núcleos de población de hasta 10.000 habitantes, como viene ocurriendo en los que tienen 5.000 o menos.