El Gobierno ha advertido este viernes que "responderá con contundencia" ante el pin parental o cualquier actuación que vulnere los derechos de los menores y ha anunciado que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen PP, Vox y Ciudadanos donde gobiernen. Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se ha decidido enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire el pin parental.

¿Qué es exactamente el Pin Parental? Se trata de "una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos" para informar a los padres "a través de una autorización expresa" sobre "cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad" de los menores. Es decir, los padres pueden elegir si quieren que su hijo participe o no en una charla o actividad que afecte a cuestiones morales y que se imparta en el centro. 

Desde el pasado mes de septiembre, el pin parenta está implantado en Murcia. En agosto, la Consejería de Educación estableció que "se dará conocimiento a las familias" al comienzo de curso de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades". Lo que ahora Vox ha pedido para apoyar los Presupuestos de la Región de Murcia es que está resolución adquiera rango de decreto. 

EL GOBIERNO, FRONTALMENTE EN CONTRA

El Gobierno está totalmente en contra de esta medida. "Vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas", ha enfatizado Celaá este viernes.

Por su lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que va a solicitar su comparecencia en la Comisión del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista al considerar que el pin parental supone "una clara ruptura" del mismo, ya que incluye la educación afectivo-sexual". "Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios", "en libertad y en feminismo", "de amar a quien quieran y cuando quieran", ha manifestado Montero. "Cuando la educación afectivo sexual por educadores expertos desaparece de las políticas públicas se acude a otras fuentes", ha advertido en un tuit la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha alertado: "ya hemos visto las consecuencias de su sustitución por la pornografía". La ministra de Educación ha confiado en que Murcia atienda al requerimiento pero, de no ser así, ha dicho que "para eso están los tribunales".

Fue una de las exigencias de Vox en los acuerdos de gobierno con PP y Ciudadanos en Murcia, donde ayer jueves por la noche las tres formaciones llegaron un acuerdo sobre los presupuestos manteniendo el actual pin parental establecido a principios de curso en una instrucción educativa y, por tanto, con menos exigencias que el propuesto por el partido de Abascal. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que el pin parental será necesario en los centros de Murcia y Andalucía para actividades de carácter afectivo-sexual, diversidad sexual y modelos de familia y que "no es más que un instrumento para dar a los padres libertad de elegir".

¿QUÉ DICEN EL PP, CS Y VOX?

Mientras que desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, afirmó que esa medida ya funciona en Murcia desde hace meses y defendió la libertad de los padres para elegir la educación que reciben sus hijos. En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado este viernes que haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox. "Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto", ha asegurado Bal en una rueda de prensa en el Congreso al explicar que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir "los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres".

Sobre el anuncio del requerimiento, el consejero de Presidencia murciano, Javier Celdrán, lo ha calificado de "precipitado" sin que Educación conozca en qué consiste la iniciativa. Para Celdrán, esta medida lo que hace es primar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, defender el derecho del docente a poder educar con "autonomía" y tener medidas "precautorias" con respecto a la presencia en las aulas de una asociación o cualquier tipo de persona externa al docente a dar una información que pueda no ser del interés de los padres. También el pin parental es uno de los requisitos que el partido de Santiago Abascal quiere imponer en la Comunidad de Madrid y en Andalucía para dar apoyo a sus presupuestos.

Precisamente este viernes, el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido la aplicación del pin parental o "derecho a decidir" de los padres sobre la educación de sus hijos, y ha sostenido que cuando se concrete esta medida será "dentro" del marco legal y de la ley de Educación. Aunque el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que no comparte la posición de Vox sobre el pin parental aunque ha matizado que para gobernar, en el Ejecutivo andaluz existen dos "pensamientos y un solo proyecto".

Desde Madrid, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha asegurado que no se ha dado "ningún paso" para implantar esta medida y ha emplazado al partido de Abascal a presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto. Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que "cualquier medida" como el pin parental le parece "adecuada y acertada" para "garantizar el derecho fundamental" de los padres a educar a sus hijos "libremente".