Parlamentarios animalistas acusan al Gobierno de promover la caza alegando que genera riqueza y conserva la naturaleza

Parlamentarios animalistas acusan al Gobierno de promover la caza alegando que genera riqueza y conserva la naturaleza

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:00

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) ha denunciado que el Gobierno promueve la caza al definirla como "aprovechamiento cinegético sostenible, generador de riqueza en el medio rural, y herramienta de gestión y conservación del medio natural".

Esta denuncia llega tras una respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria realizada por el miembro de la APDDA, el senador de En Comú Joan Comorera, en la que el parlamentario le cuestiona sobre la caza con galgos.

A esta cuestión el Ejecutivo señala que la cuestión cinegética es competencia de las comunidades autónomas, aunque desde el Gobierno se "promueve el aprovechamiento cinegético sostenible, generador de riqueza en el medio rural, y herramienta de gestión y conservación del medio natural". Así define la caza, según señala la asociación en una nota de prensa, recogida por Euripa Press.

AUMENTO DE CACHORROS

La APDDA recuerda que en su pregunta, Comorera advertía de que cada año se abandonan 50.000 perros de raza galgo, al finalizar la temporada de caza. "Según denuncian diversas organizaciones y protectoras, el número de perros de caza abandonados está aumentando exponencialmente en los últimos tres años y la situación va a peor: abandono en calles, campos y carreteras, muchas veces heridos y con fracturas, sobre todo en la época de caza", ha escrito el senador.

Además, denuncia que se "está dando un aumento de cachorros en las cacerías, dado que la selección y descarte de los perros se está haciendo ahora a edades más tempranas".

El senador ha subrayado que España es el único de la Unión Europea que permite la caza con galgos. Por ello, ha preguntado al Ejecutivo si tiene previsto, en coordinación con las comunidades autónomas, algún tipo de actuación o control administrativo para reducir el número de perros de caza abandonados, una cuestión a la que el Ejecutivo ha respondido insistiendo en que se trata de una competencia exclusiva de las autonomías. Para la APDDA, esta contestación no es válida.

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