El Gobierno no cree que la reforma del Reglamento de Extranjería, que facilitará la concesión de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes extutelados al cumplir 18 años, vaya a producir un efecto llamada y considera que aportará un valor añadido a la economía.

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento que ha llevado al Consejo de Ministros esta reforma que, con toda probabilidad, será publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor 20 días después.

De esta reforma podrán beneficiarse 15.000 inmigrantes: 8.000 menores extranjeros no acompañados y 7.000 de entre 18 y 23 años. Entre ellos, los menores que el pasado mes de mayo llegaron a Ceuta en una entrada masiva, aunque ello no impedirá, ni en este caso ni en otros, la repatriación cuando las circunstancias individuales lo requieran.

Las fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá, que han querido también desvincular la reforma con cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana, han recordado que esa norma simplificará el procedimiento para documentar a los menores.

De hecho, se reducirá el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de 9 a 3 meses y, cuando se supere ese plazo, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas. Si se procede a su repatriación, se extinguiría la autorización concedida.

Precisamente, fue el Ministerio del Interior el que propuso esos tres meses, a pesar de que el primer borrador quería dejarlo en 15 días. El Consejo de Estado avaló la propuesta del departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Y es que, como han subrayado las fuentes, el texto final es obra del trabajo de varios departamentos, de las aportaciones del Tercer Sector y, en especial, del "aliento" de las comunidades autónomas, las más interesadas en abordar esa reforma porque tienen las competencias en materia de menores tutelados.

Unas aportaciones que no han tenido en cuenta el color político, han recalcado las fuentes, como demuestra que algunas de ellas llegaran desde la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP.

"No se ha hecho a espaldas de ningún ministerio. Es el Reglamento del Gobierno, no del Ministerio del Interior, que ha sido coproponente de la norma", han apostillado.

El nuevo Reglamento incrementa también la duración de los permisos y consolida que las autorizaciones de residencia habiliten para trabajar cuando el menor alcance los 16 años, al igual que los jóvenes autóctonos.

Con ello, han explicado las fuentes, se facilitará el acceso al mercado laboral de estos jóvenes, una forma de inclusión que repercutirá igualmente en la economía.

Porque Migraciones, un ministerio que también gestiona la Seguridad Social, no descarta que un 70 por ciento de esos jóvenes se inserte en el mercado de trabajo.

No es un porcentaje aleatorio, porque toma como referencia la instrucción de 2020 que reconoció el derecho a trabajar a menores extranjeros en edad laboral con motivo de la pandemia, sobre todo en el campo.

Se les autorizó residencia y trabajo por dos años. Hoy, 466 de ellos, es decir un 70 por ciento, siguen trabajando un año después y, además, ha habido un "travase" a otros sectores.

En suma, además de adaptar la normativa española a la de los países de nuestro entorno, el Reglamento pretende ser una "pasarela" hacia el mundo laboral y reducir las bolsas de irregularidad y de la exclusión.

La norma reduce la exigencia de acreditar medios suficientes para subsistir: será suficiente demostrar ingresos similares al ingreso mínimo vital que se tendría derecho a percibir como hogar unipersonal (470 euros al mes actualmente) y podrán computar los ingresos procedentes de un empleo o del sistema social.

Porque antes, y en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo, se exigía el cuádruple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir más de 2.200 euros. EFE

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