El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, confía en remitir en las próximas semanas al Consejo de Ministros la ley de servicios sociales, la primera norma estatal que pretende garantizar un catálogo mínimo de prestaciones y la atención a los usuarios cuando se trasladen entre comunidades.

Lo ha anunciado durante su intervención en un acto con motivo de las finalización del proyecto desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea para la Reforma del Marco Estatal de Provisión de los Servicios Sociales en España, que ha contado con la asistencia técnica de la OCDE.

Álvarez ha adelantado que se van a sacar las ayudas de emergencia social de la ley de subvenciones y ha considerado que "aunque solo fuera por esta cuestión merecería tener ya una ley de servicios sociales".

La futura norma "no impone", ha dicho, sino que "mandata" a que sean las comunidades autónomas las que acuerden un catálogo mínimo de servicios sociales en el ámbito de la conferencia sectorial.

Además, pretende también que se consensúe un estándar de calidad y un ratio de profesionales y la especialización de los mismos "de la mano de las comunidades".

También mandatará a las administraciones autonómicas en el desarrollo de un sistema de información interoperabale para "saber en tiempo real qué sucede en el ámbito de los servicios sociales" y que permita a un usuario llevarse de una comunidad a otra los derechos adquiridos.

A este respecto, ha considerado que sería impensable que un niño se trasladase de comunidad y no recibiera educación o que cualquier ciudadano no tuviera acceso a la sanidad al ir a otra región, y se ha preguntado por qué no sucede igual en los servicios sociales.

Álvarez ha explicado que la futura ley parte del trabajo hecho durante años por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, así como por el de los profesionales de los servicios sociales, y ha puesto ambos en valor.

Sin embargo, ha lamentado que el sistema de servicios sociales "es quizá el más infradesarrollado y peor dotado del estado bienestar" y ha identificado cuatro debilidades, entre ellas, las "relevantes" desigualdades territoriales, que hacen que en algunos casos los derechos se reconozcan como subjetivos y en otros estén vinculados a la dotación presupuestaria.

Ha reconocido que se va "a ciegas", sobre todo en el ámbito de la administración general del Estado, al carecer de un sistema de sistema de información que proporcione datos del impacto de las decisiones que se adoptan y evalúe las políticas públicas.

Asimismo, ha criticado unos servicios sociales no centrados en las personas, con una "elevada burocracia y barreras de acceso injustificables", que llevan a los usuarios a transitar "meses y meses" tratando de acceder a unas prestaciones que deberían recibir en 10 o 15 días.

Tanto Nathalie Berger, directora general de Apoyo a Reformas Estructurales de la Comisión Europea, como Monika Queisser, jefa de Políticas Sociales de la OCDE, han ahondado en las desigualdades que existen entre comunidades autónomas y en la necesidad de dotar a la nueva ley de recursos.