El Pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida coloquialmente como 'Ley Celaá', así como las múltiples enmiendas 'vivas' de la mayoría de grupos parlamentarios, que esperan incluirlas en el texto. Si en la votación - como se espera - se consigue la mayoría absoluta, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Tras pasar por el Senado, volveráa la Cámara Baja previsiblemente en febrero y marzo para su aprobación definitiva y su entrada en vigor se producirá a partir del próximo curso previa adaptación de la Ley por parte de las CCAA's. Estamos ante la Octava Ley Educativa de la Democracia, de nuevo sin consenso y con varios partidos que amenazan nada con llevarla ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe definitivamente.

La 'Ley Celaá' busca la asfixia de la escuela concertada, además de eliminar el español como lengua vehicular, entre otros aspectos. La nueva ley educativa tiene el propósito de arrinconar a la escuela concertada y vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Un derecho fundamental que recoge la Constitución en su artículo 27. "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", dice exactamente. Este artículo, en sus diez puntos, es la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres. Algo que la Ley Celaá vulnera por completo.

La nueva ley de Educación pretende incrementar las plazas de enseñanza pública a costa de reducir hasta su eliminación la de los colegios concertados. Una medida que suprime de forma letal la libertad de las familias de escoger a qué centros quieren llevar a sus hijos y elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. En España se calcula que hay alrededor de dos millones de alumnos estudiando en centros concertados. Con la 'Ley Celaá', el Gobierno intenta poco a poco reducir la presencia de estos alumnos en el conjunto del sistema educativo. Si en la zona de un municipio hay un colegio público, primero se obligará a que se llenen las plazas de ese centro. Hasta que no se llene el colegio público, no cabrá la posibilidad de que un profesor pueda llevar a su hijo a otro centro. De esta manera, si los concertados tienen menos alumnos por una decisión de la administración - no porque no haya demanda el Gobierno tendrá el argumento para reducir de forma progresiva parte del dinero del concierto que les corresponde a ese centro.

La Ley Celaá también contempla no ceder suelo público a la construcción de nuevos centros concertados o la retirada del concierto a aquellos centros educativos que apuesten por la educación diferenciada. Sobre esta última decisión cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) concluyó ya en 2018 que los centros privados de educación diferenciada por sexos puedan acceder "al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos", al considerar que este modelo educativo "no causa discriminación" y "es respetuoso con la Constitución".

Por último, la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos vuelve a postergar la enseñanza de la religión, dejándola sin alternativas y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media de acceso a la universidad o para becas. Un retroceso en el peso de la asignatura que ha provocado el recelo de buena parte del sistema educativo. Más de tres millones de alumnos están matriculados actualmente en la asignatura de religión que el Gobierno desprecia.

Además de los ataques a la escuela concertada, la Ley Celaá también podría ser el tiro de gracia para los colegios de educación especial en los que son atendidos los niños con discapacidades físicas o psíquicas. La nueva ley obligaría a derivar a los niños con discapacidad desde sus centros actuales, donde cuentan con medios, profesionales y docentes especializados, hasta colegios ordinarios no preparados para educar y formar a esos niños.

El ataque del Gobierno es la escuela concertado no es, ni siquiera, disimulado. Tras la primera ola del coronavirus, Sánchez incluyó dentro de las propuestas sociales para la Reconstrucción unas ayudas a la Educación que, en un primer momento, el Gobierno sólo tenía intención de destinar a los centros públicos, excluyendo de forma deliberada a la concertada. Su táctica discriminatoria impidió, precisamente, que el bloque de medidas sociales acabarán siendo recogidas en el dictamen global tras tumbarlas el Congreso.