El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno comienza a interrogar a los 47 detenidos en la denominada operación Titella, en la que también fue arrestado el empresario José Luis Moreno, su sobrina, su abogada y un notario por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes.

A lo largo de este jueves los arrestados irán compareciendo ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia, que dirige las pesquisas, y no se descarta que algunas declaraciones se practiquen por videoconferencia, según informan a Efe fuentes de la investigación. Tras su declaración, la Fiscalía valorará si pide o no algún tipo de medida cautelar o incluso si solicita prisión para alguno de los detenidos.

La operación Titella, "marioneta" en catalán y desarrollada en diversas provincias, supuso el desmantelamiento de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros. Uno de los primeros arrestos fue el del productor José Luis Moreno, de 74 años, en la mañana del martes en su vivienda de la urbanización Monte Encinas de Boadilla del Monte (Madrid).

El registro de su propiedad se prolongó durante once horas y a este le siguió otro practicado en una de las sedes de su productora en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, y también en una de sus oficinas. Precisamente, en el registro de la vivienda los agentes hallaron 4.000 euros en metálico, pagarés y una máquina de contar dinero, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.

También fueron arrestados en la operación trabajadores y empresarios cercanos al productor, además de su sobrina, su abogada y un notario, todos ellos en Madrid. La investigación comenzó en 2018 cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, que habría conseguido defraudar más de 50 millones de euros.

De forma paralela en esas mismas fechas, la Policía interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros. Se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid, según fuentes policiales.

Esta persona trabajaba para la red transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el país nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

La organización aprovechaba su entramado empresarial, con más de 700 mercantiles, para blanquear presuntamente a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Para ello simulaban una actividad que era inexistente con el fin de justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga.

Estas sociedades contaban con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban. Tenían el visto bueno de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión. Una vez recopilaban los fondos activaban una maquinaria perfectamente estudiada en la que el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles eran las actividades ordinarias.

El destino de este dinero eran países como Suiza, Panamá y las Maldivas, y la capacidad de esta organización era destacable, ya que no solo contaban con un notario a sueldo, sino que además entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.