El Ministerio de Educación envió el pasado viernes al Gobierno de Murcia un requerimiento para que retire el llamado "pin parental" antes de un mes. El documento, de tres páginas y al que ha tenido acceso COPE, considera que estas instrucciones "suponen una vulneración del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1" de la Constitución.

Los argumentos esgrimidos en dicho requerimiento por la administración central tienen, sin embargo, un claro carácter subjetivo y arbitrario. El requerimiento afirma que la regulación murciana es una vulneración del "derecho fundamental" a una educación "que tiene por objeto el completo desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Pero el Gobierno de Pedro Sánchez aún va más allá al asegurar, sin ningún fundamento, que frente a ese "derecho fundamental" se prioriza el "derecho accesorio que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El Gobierno olvida así el artículo 27.3 de la Carta Magna, que contempla que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Es decir, ve como un "derecho fundamental" actividades que no están recogidas en la Constitución y sólo como "accesorios" los contenidos religiosos y morales que sí están amparados por la Carta Magna. 

La comunidad educativa ya ha reaccionado.  Desde los centros de enseñanza concertada consideran un error de base y una polémica malintencionada la descalificación de la enseñanza religiosa o moral.  Luis Centero, secretario general de Escuelas Católicas, no entiende que se dé prioridad a unos contenidos sobre otros que ni siquiera están recogidos en la Constitución. "Si la Religión es voluntaria, ¿por qué estas actividades que pueden incidir en contenidos ideológicos van a ser obligatorias y los padres no van a poder decir absolutamente nada?", se pregunta. Centeno considera en COPE que con esta descalificación, el Gobierno pretende ocultar otras medidas polémicas como la próxima reforma educativa.

PETICIÓN "IRÓNICA" DE UN 155

Mientras, el Gobierno, los partidos políticos y las comunidades autónomas han seguido este lunes enzarzados por el pin parental.  La polémica ha crecido este lunes, después de que Victoria Rosell -propuesta para delegada del Gobierno para la Violencia de Género- ironizara con la posibilidad de aplicar en Murcia el artículo 155 para impedir que se implante el pin parental.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha considerado una "barbaridad" tanto el requerimiento de Educación como que se pueda plantear aplicar el artículo 155 en caso de desobedecerlo. Para López Miras, es una "frivolidad" hablar de desobediencia en este asunto con la situación actual en Cataluña, al tiempo que ha afirmado que los servicios jurídicos estudian la figura legal que respalde la implantación de este permiso. También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado en un tuit que "para Pedro Sánchez es más grave ser murciano que ser condenado por desobediencia o estar encarcelado por intentar un golpe al Estado".

El ministerio de Educación envió el pasado viernes un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire las dos instrucciones de comienzo del curso 2019-20 para Infantil y Primaria, y Secundaria y Bachillerato para implantar este pin parental. El departamento que dirige Isabel Celaá considera que el pin parental es "una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley" educativa y vulnera el derecho fundamental a la educación y diversos tratados internacionales ratificados por España. Celaá ha fijado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" por el que los padres tienen que autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres extraescolares sobre asuntos como la diversidad sexual. Además, Celaá ha dicho que es "una sorpresa que la dirección del PP siga de manera automática y acrítica el discurso de Vox" a la vez que ha añadido que "no parece que este sea el caso de Ciudadanos".

También desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que "no se deje arrastrar por la ultra derecha" y no "arremeta" contra la educación pública. Vox, que llevaba en su programa electoral este pin parental y que, además de para la formación del gobierno murciano, lo quiere imponer en Madrid y Andalucía para apoyar sus presupuestos, ha presentado este lunes una iniciativa en las Cortes Valencianas para que se instaure la medida en los centro educativos de la Comunidad.

Por su parte, el PSOE ha presentado en el parlamento valenciano una proposición no de ley (PNL) en la que se rechaza el pin parental y se insta al Gobierno de España a reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en derechos e igualdad en los centros educativos. El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido al debate sobre si los hijos "pertenecen" a los padres o no y ha comentado que "Es evidente que (los hijos) no son de los padres", aunque ha matizado que "tampoco son del Estado, ni del PSOE, ni de Podemos". En la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio (PP), ha rechazado la implantación del pin parental y ha firmado que no ha recibido quejas oficiales por charlas extracurriculares impartidas en la región.

Desde Ciudadanos, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha dicho que la "polémica" es "ficticia" y creada por PSOE y Vox para "polarizar" y se ha cuestionado qué pasaría si se pone en marcha y "una familia de islamistas radicales" quieren sacar a sus hijos de determinadas enseñanzas. En Andalucía, el consejero de Educación, Javier Imbroda, se ha mostrado contrario a aplicar el pin parental porque la norma ya "da cobijo" a que los padres puedan decidir.

¿EL PIN PARENTAL EN ANDALUCÍA?

A pesar de estas declaraciones, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha asegurado que PP y Ciudadanos se han comprometido a aplicar el pin parental en Andalucía y a realizar las modificaciones normativas que sean "necesarias". Dentro del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha pedido "sosiego", tras advertir de que no participará en la idea de "politizar la educación".

Su compañero de partido y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la posibilidad de aplicarlo en esta Comunidad ya que no considera que deban "entrar en la libertad de explicación, de cátedra, de los profesores". Otras nueve comunidades también se han pronunciado al respecto, en este caso las gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia-, que han suscrito un texto contra el veto parental bajo el título "Educar en libertad y para la libertad". El pin parental ha provocado la convocatoria, desde el Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas, de una huelga general "estudiantil, feminista, antifascista y antirracista" para el próximo 6 de marzo con el fin de frenar "la ofensiva de la extrema derecha" al querer imponer el pin parental en los centros educativos.