La Generalitat de Catalunya estudia las dos sentencias del TSJC que han anulado los proyectos lingüísticos de dos escuelas públicas por no garantizar al menos el 25 % de la enseñanza en castellano y ha acusado al tribunal de "ir más allá" de sus funciones y entrar en un debate 100 % educativo y pedagógico.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) notificó ayer dos sentencias que anulan los proyectos lingüísticos de las escuelas públicas Bogatell de Barcelona y Josefina Ibánez de Abrera (Barcelona) porque no garantizan que al menos un 25 % de la enseñanza se imparta en castellano.

Las dos sentencias del TSJC, de las que informó ayer Efe, recogen la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo que "reconoce al actor el derecho de sus hijos menores a recibir, durante su enseñanza obligatoria, junto con sus condiscípulos, en el centro y curso en el que sigan sus estudios, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable", que considera al menos en un 25 %.

En un comunicado, el Departamento de Educación ha informado que ha recibido esta mañana las dos sentencias que obligan a fijar un mínimo del 25 % de la enseñanza en castellano y anula el proyecto lingüístico de estos dos centros educativos y que los servicios jurídicos del Govern "estudiarán con detenimiento el recorrido judicial que se puede llevar a cabo a partir de ahora".

En una primera valoración, el Departamento de Educación que dirige Josep Bargalló, considera que "el TSJC está actuando en base a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatuto y de unos recursos de la época del PP, cuando estaba vigente la Ley Wert, la norma educativa más regresiva que ha hecho nunca el Estado en materia educativa".

Para el departamento también "resulta difícil de entender que los jueces del TSJC vayan mucho más allá de las funciones legislativas que les son atribuidas y que entren en un debate que es 100 % pedagógico y educativo".

La consellería ha defendido que en materia educativa "corresponde a la Generalitat la competencia sobre el tratamiento de las lenguas y la inmersión lingüística en la escuela", como establece la Ley de Educación de Cataluña (LEC) en el Título II, "que estuvo validado constitucionalmente".

Según el departamento, "la nueva ley de educación estatal -la , conocida como LOMLOE-, lo ratifica y, por tanto, establece que corresponde a la Generalitat las decisiones en materia lingüística.

El Departamento de Educación ha aseverado que "el catalán ha sido y seguirá siendo una lengua de oportunidades para toda la ciudadanía y nadie merece ser excluido de su correcto aprendizaje". EFE