La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha lamentado que "no se haya contado con la comunidad educativa para la elaboración" de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), conocida como 'Ley Celaá' y abogan por una "ley educativa de consenso".

Según la organización estudiantil, la norma recoge "ciertos avances" en materias tales como la flexibilización de itinerarios o la reducción repetición escolar, así como una recuperación de las competencias del Consejo Escolar, "las cuales fueron eliminadas con la entrada en vigor de la LOMCE" del Partido Popular.

En este sentido, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) aplaude lo que considera "aspectos positivos", pero han lamentado "que no se les haya tenido en cuenta a la hora en el proceso de redacción" de la LOMLOE.

"Han hecho esta Ley sin contar con nosotros. No la han consensuado con la comunidad educativa y este es el error que han cometido todas las leyes educativas hasta la fecha", ha asegurado Andrea G. Henry, presidenta de la Confederación.

Desde la organización estudiantil también destacan la necesidad de un Pacto Educativo que tenga en cuenta al estudiantado, profesorado y familias. "No podemos permitirnos que la ley se cambie cuando vuelva a cambiar el gobierno ni estar cambiando las leyes de educación cada cuatro años. Necesitamos estabilidad en el sistema educativo. Al final los únicos que sufrimos las consecuencias somos los estudiantes", ha advertido Henry.

Respecto al contenido de la norma, CANAE echa en falta más menciones acerca de la participación estudiantil, la cual califican de "indispensable" para el desarrollo personal y la formación en valores democráticos.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, califica la LOMLOE de "ley educativa insuficiente que no cumple con las demandas de la comunidad educativa".

En declaraciones a Europa Press, Latorre ha reivindicado que los "aspectos más positivos" de esta ley como "la eliminación de las reválidas o de los itinerarios en la ESO, no han sido fruto del Ministerio de Educación, sino que son conquistas" ganadas por "la comunidad educativa en base a la movilización y la lucha".

Asimismo, ha indicado que ven "muy sorprendente" que el Gobierno presente una ley que "en el fondo es la vuelta a la LOE de 2006 y que no tiene en cuenta la realidad del sistema educativo, que tras dos crisis económicas devastadoras y una pandemia sanitaria mundial, ha sido totalmente arrasado por los recortes, contrarreformas y privatizaciones".

"Tampoco cumple con una de las principales demandas de la Marea Verde que es el fin del dinero de regalo público a la educación concertada -privada ya que, a pesar de plantear aspectos positivos como eliminar la "demanda social" que introducía la LOMCE o no ceder suelo público para la construcción de este tipo de centros, los conciertos se mantienen", ha denunciado.

EL PUNTO CLAVE: LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Para los estudiantes, "el punto clave de todo reside en los recursos económicos que se destinarán a revertir la situación de emergencia social que vive la educación pública". En este sentido, celebran que la ley prevea llegar al 5% del PIB en inversión y la subida significativa en la partida educativa en los PGE.

"Celebramos estas intenciones, pero tenemos que señalar que un incremento en 2.000 millones de euros es muy, muy insuficiente. No recupera ni de lejos todo el dinero que durante años ha educación pública ha perdido, según un estudio de CCOO son más de 6.000 millones los robados a la pública", ha zanjado Latorre.

Según explica a Europa Press la portavoz del Frente de Estudiantes, Eva Madariaga, su oposición "al desmantelamiento de la pública y a las voces que estos días claman por reforzar el conservadurismo en las aulas y la educación privado-concertada" no debe llevarles "a aplaudir el texto de esta nueva ley".

"Al contrario, nos preocupa su tibieza, que queda muy lejos de las que han sido las demandas de la comunidad educativa durante los años de luchas contra la LOMCE. En un contexto como el presente, de colapso del sistema educativo, creemos que se han evidenciado más que nunca las necesidades de la educación pública, que la nueva ley no viene a tocar", ha declarado Madariaga.

La portavoz ha apuntado que, "un ejemplo de ello, es la cuestión de los ratios, pero también la apuesta firme por una FP a demanda de las empresas y un modelo de educación concertada cuyo único problema no ha sido la segregación por sexo".

"En ese sentido, consideramos muy insuficiente el texto legal y completamente ajena a la realidad que se vive día a día en los centros públicos", ha concluido.