Las vacunas contra el COVID-19 de Moderna, Pfizer u Oxford generan inquietud en muchos sectores de la población que, ante lo rápido que se han desarrollado, dudan tanto de su seguridad como de su eficacia. Hay personas que aseguran, ya que no se la pondrían lo cual lleva a muchos gobiernos a preguntarse si pueden obligar por ley a su administración.

El primero de los gobiernos europeos que ya han aprobado la medida es Austria. El canciller Alexander Schallenberg ha anunciado una vuelta al confinamiento de la población para los próximos días, el cierre de fronteras y, a partir de febrero de 2022, la vacunación obligatoria para cada uno de sus ciudadanos. Austria marca un precedente que muchos se preguntan si, a pesar de los buenos datos de vacunación en España, podría llegar a nuestro país.

¿Se puede obligar a vacunar a los españoles?

Nadie duda ya que el 2021 ha estado marcado por una palabra: vacunación. España ya ha conseguidovacunar a 37.507.587 de personas, esto supone un 89 % de la población diana. Son cifras buenas y muy por encima de algunos de nuestros vecinos europeos. Teniendo el caso de Austria como ejemplo de desconfianza en las vacunas con un 64,67 % de la población con la dosis completa.

En nuestro país, Sanidad es consciente de las dudas que generan las inoculaciones en parte de la población y, de momento, apela a la concienciación más que a la obligación en este aspecto aunque no lo descarta. Recuerda además que la población infantil española está más vacunada que la media europea. De hecho, ya fue el mismo Fernando Simón quien recordó a finales de 2020 que ninguna vacuna es obligatoria en España y confiaba entonces en "la responsabilidad de los ciudadanos" para que se vacunen.

Alberto Gigante, abogado, va por esa misma vía y nos dice a COPE que "ahora mismo en España la vacunación es voluntaria". Asegura que es complicado obligar a la gente a vacunarse y que es mejor "la concienciación" pero que ante todo hay que centrarse en lo que es la Salud Pública. "Esta está recogida tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, en el caso concreto de nuestro país, nuestra Constitución en el artículo 15 reconoce el Derecho a la vida y a la Integridad Física. En el artículo 43 compete a los poderes públicos a tratar y a organizar la Salud Pública".

Ahora bien... ¿Hay base legal para obligar a la población a vacunarse? La respuesta es No. ¿Y se podría obligar? La respuesta es Sí, pero tendría que regularse por ley porque la legislación actual protege el derecho del paciente a decidir. De no hacerlo se produciría una colisión entre los derechos fundamentales de cada individuo y la salud pública colectiva.

Gigante cree que un buen paso sería que las principales autoridades sanitarias corroboraran la eficacia de estas vacunas. "Si tenemos noticias ya de que existen vacunas con una eficacia del 90, del 95% un Gobierno no puede asegurar que no constituye peligro alguno. Ahí tendrá que ser la Organización Mundial de la Salud la que diga que esas vacunas no tienen peligro para que el legislador tenga medios suficientes".

¿Cómo se obliga a la población a vacunarse? ¿Qué pasa si la población no se quiere vacunar? "El legislador debería tener o legislar un reglamento sancionador específico. No queremos que pase como con el Estado de Alarma donde los tribunales administrativos están revocando numerosas multas porque no existe un régimen sancionador específico para multar a las personas que no han cumplido con el Estado de Alarma", recordaba el experto consultado por COPE antes de que fuese declarado inconstitucional.

El ejemplo de Granada en 2010

Pone como ejemplo un caso del año 2010 ocurrido en Granada. "Un grupo de población no se quería vacunar del sarampión y hubo un brote de epidemia del sarampión. Los poderes públicos tuvieron que acudir a la justicia para obligar a esas familias a vacunarse. Lo ideal sería que el legislador estableciera un régimen sancionador para que no fuese necesario acudir a la justicia. Además, en el caso de que uno de los padres, uno de los cónyuges, no ha querido vacunar a su hijo, la justicia se ha pronunciado a favor de la vacunación basándonos en el interés superior del menor".

Lo que está claro es que todo este asunto genera mucha controversia. No solo aquí sino también en el resto del mundo. La Corte Suprema de Brasil fijó hace a finales de 2020 que la vacunación del COVID sea obligatoria y que los estados y municipios impongan sanciones a quien se nieguen a recibirla, mucho antes de la histórica decisión tomada por Austria en nuestro continente.