La Plataforma Concertados – integrada por Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA y los sindicatos FSIE y FEUSO – han celebrado que el Congreso de los Diputados haya rechazado el texto social de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que excluía a la escuela concertada de los fondos para hacer frente a los efectos de la pandemia. «Un sonoro varapalo –afirma en un comunicado– para el Ejecutivo y su política excluyente y segregadora».

«El intento del Gobierno de excluir a la enseñanza concertada de las ayudas para la reconstrucción y de aprovechar los pactos para restringir derechos fundamentales de padres, profesores y centros, ha provocado el rechazo mayoritario del Congreso. Las organizaciones de la enseñanza concertada se alegran del resultado de esta votación, que supone la oposición del Congreso a las políticas educativas de un Gobierno que mantiene su campaña de ataque permanente a las familias que eligen los centros concertados», añade la Plataforma en su mensaje.

Para estas organizaciones, el documento sometido a votación «discriminaba a los alumnos, a las familias, a los trabajadores y a los propios centros» en una política, sostienen, que nada tiene que ver con la crisis sanitaria y cuyo objetivo es «la desaparición de la enseñanza concertada».
En este sentido, señalan que un plan de estas características debería servir para que el país «saliera fortalecido» y, sin embargo, «se han intentado aprovechar estas difíciles circunstancias para introducir cuestiones ideológicas en el ámbito educativo que, con toda seguridad, luego se consolidarán en la LOMLOE».

«Razones ideológicas»

«No se ha aprobado por las referencias a la educación concertada. Nos parece bien que se haya producido todo este movimiento de rechazo a una política que era segregar a la concertada, como si fuera de segunda categoría», ha advertido el portavoz de la Plataforma Concertados y secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira. Además, esperan que el Gobierno «tome nota de este sentir» de cara a la futura Ley de educación para que «no vulnere libertades fundamentales». La plataforma asegura que seguirá poniendo «todos los medios a su alcance» para contribuir a que esto no suceda y «para que las ayudas de cualquier tipo no discriminen a nadie por razones ideológicas».