Histórico, importante y especial. Así podríamos calificar el juicio del proceso soberanista. El Tribunal Supremo ha juzgado casos extraordinarios, con políticos y jueces involucrados, pero nunca se ha vivido uno de estas características, un “ataque frontal a España” dijo alguien del Poder Judicial. Un antecedente lo tenemos con Francesc Homs, ex consejero de Presidencia de la Generalitat, a quien se juzgó en el Supremo por su condición de diputado nacional, y que fue inhabilitado por desobediencia grave al Tribunal Constitucional por la consulta del 9-N.

Pero este caso es más grave, mucho más grave. Doce acusados en el banquillo por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Y una de las claves la tendremos en la violencia, en la interpretación de la violencia para la calificación jurídica. La Fiscalía acusa de rebelión a los pricipales implicados, a los nueve que están en prisión preventiva. Entiende el Ministerio Público que la violencia no tiene que ser sólo física, defiende un concepto más amplio como presión o fuerza intimidatoria. Y lo entiende así desde el primer minuto. Nunca ha cambiado de opinión, y los cuatro fiscales del caso actuaron con firmeza e independencia. No hubo ninguna modificación a pesar del cambio en la Fiscalía General, María José Segarra por Julián Sánchez Melgar tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Se mantiene lo que argumentó el fallecido José Manuel Maza. Al final del juicio podremos ver si se mantiene.

Puigdemont se reivindica: "Dejarme pudrir en el exilio también es un castigo"

A pocos días de que comience el juicio el 'procés' Puigdemont afirma que su estancia en Waterloo no está siendo fácil

09 feb 2019 - 00:34

Caso distinto es el de la Abogacía del Estado. Con Dolores Delgado en el Ministerio de Justicia cambió la calificación. Durante todo el procedimiento el abogado del Estado, Edmundo Bal, se adhirió a la Fiscalía, defendía que existió delito de rebelión. Pero a la hora de presentar el escrito de acusación la rebelión defendida pasó a sedición y a lo largo de las 58 páginas del escrito no se pronuncia ni una sola vez la palabra violencia. Edmundo Bal, que durante 16 años fue director del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, se negó a firmar ese escrito y le apartaron, un cese fulminante. Oficialmente, pérdida de confianza. El resto del mundo entiende que fue una decisión política. Y mientras tanto, seguimos viendo los vaivenes de Pedro Sánchez con los independentistas para seguir, como sea, en el Palacio de la Moncloa. Con "relator" y sin "relator".