La Oficina del Defensor del Pueblo ha acordado no interponer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Educación tal y como le había solicitado el abogado José Luis Tardón, al entender que no se dan los supuestos jurídicos para presentarlo.

En su escrito, el solicitante pedía recurrir la norma porque, a su juicio, en su elaboración no se había posibilitado la participación ciudadana ni se había cumplido el requisito de información pública.

Dos argumentos que rechaza el Defensor del Pueblo, que alega que el proyecto fue sometido a información pública entre el 26 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2018 y posteriormente fue presentado en el Congreso como proyecto de ley en febrero del año siguiente, si bien decayó por la convocatoria de elecciones.

El proyecto fue nuevamente presentado en marzo de 2020 y tras la tramitación parlamentaria, "que no es objeto de cuestión", aclara la resolución, fue aprobada la ley orgánica cuestionada.

Recuerda el Defensor del Pueblo que el defecto denunciado, si hubiera concurrido, se habría producido en el procedimiento administrativo previo y no en el procedimiento legislativo, "por lo que mal puede sostenerse que ese supuesto defecto pudiera provocar la invalidez de la ley".