Consigue echar a una okupa marroquí de su casa de Galicia tras cinco años y cuando entra se encuentra el gas abierto

La okupación en Galicia sigue siendo un fenómeno minoritario pero con un impacto social desproporcionado, según los últimos datos oficiales. El Ministerio del Interior reveló que solo el 4% de los casos de okupación ilegal en la comunidad corresponden a viviendas habitadas, el doble que la media nacional, con 36 allanamientos registrados en los últimos cuatro años.

Aunque las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que la mayoría de las 242 denuncias anuales en Galicia se refieren a inmuebles vacíos, el drama humano tras cada caso, como el de Pilar Pérez, expone las grietas del sistema judicial y las consecuencias devastadoras para los propietarios.

Deja el gas abierto al irse

Pilar, una jubilada de A Coruña, ha recuperado finalmente su piso tras cinco años de batalla legal contra una inquilina marroquí que se negó a abandonar la vivienda y la dejó en condiciones calamitosas: muebles destrozados, suciedad generalizada y, lo más alarmante, el gas de la cocina abierto al entrar. "Es un edificio de diez viviendas y esto no saltó por los aires porque Dios no quiso", relató la propietaria a El Debate, medio que ha seguido de cerca su calvario. El inmueble, reformado integralmente antes del alquiler en 2019, ahora presenta persianas rotas, restos de comida putrefacta y montañas de ropa abandonada. "Está todo destrozado. Un piso nuevo...", lamentó Pilar, cuya historia simboliza la impotencia de miles de propietarios en España.

El caso de Pilar ejemplifica los obstáculos procesales que alargan los desalojos. Aunque el CGPJ señala que los procedimientos por ocupación ilegal en Galicia duran una media de nueve meses, por debajo de los 12 meses nacionales, su lucha se prolongó cinco años debido a suspensiones por supuesta "vulnerabilidad" de la okupa, a pesar de que esta rechazó alternativas habitacionales y trabajaba en una pizzería con un sueldo de 1.100 euros. La gota que colmó el vaso fue el fallido intento de desahucio el 9 de julio, cuando la gestora judicial suspendió el operativo porque el cerrajero llegó siete minutos tarde, pese a que la inquilina ni siquiera compareció.

Recupera el piso tras 5 años

La odisea judicial de Pilar incluyó capítulos surrealistas, como el embargo de parte de su pensión por deudas de agua generadas por la ocupante, quien además exigió 10.000 euros para devolver las llaves. "Nunca he tenido deudas en mi vida, y ahora me embargan por algo que no es mi responsabilidad", denunció la propietaria, fundadora de la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ).

La okupa, que originalmente alquiló el piso por 370 euros al mes, dejó de pagar tras la muerte del marido de Pilar en 2020 y aprovechó el Real Decreto 11/2020, que protege a inquilinos vulnerables, para perpetuarse en la vivienda, pese a tener empleo y rechazar ayudas sociales.

El desenlace, aunque esperanzador, deja un sabor amargo. Pilar deberá asumir los costes de rehabilitar su hogar, mientras critica que el Gobierno "ampare a quienes destruyen lo ajeno". Su victoria judicial llega tarde, pero sienta un precedente contra la impunidad de la "inquiokupación", un término no reconocido legalmente pero que describe a inquilinos que, como en este caso, se apoderan de viviendas mediante argucias legales.

Mientras, en barrios como As Gándaras (Lugo), los vecinos han optado por la acción directa: tapiaron una casa tras ayudar a la policía a desalojar a dos ocupas de una nonagenaria. La movilización ciudadana y la presión mediática, como la ejercida por El Debate, parecen ser, por ahora, los únicos antídotos contra una justicia que, en palabras de Pilar, "protege más al okupa que al que trabajó toda su vida por tener un techo".