Las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica si el Pleno del Congreso convalida hoy el real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Se trata de una de las medidas que contempla este real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Los ayuntamientos volverán a tener competencias para promover la igualdad y la lucha contra la violencia de género con este nuevo texto, que además, "fortalece" la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas género.

Además, pretende mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.Según fuentes del Ministerio de la Presidencia, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El real decreto también modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.