La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que pretende garantizar "la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular" y así "mejorar" aspectos de la denominada ley Celaá.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles a la tramitación de esta ley, que será trasladada a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este miércoles que no teme que las comunidades aprueben leyes educativas que afecten a la Lomloe estatal, como esta de Madrid, ya que una ley autonómica no puede contravenir una norma orgánica.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que el 75 % de la ley madrileña está dedicada a la educación especial, desarrollando el artículo 74 de la Lomloe, conocida como ley Celaá, y haciendo un "regulación completa".

Define por ejemplo cuál es el régimen "más inclusivo", algo que, según Ossorio, la ley Celaá no hace.

Así, la ley madrileña señala que el régimen más inclusivo será aquel en el que el alumno "va a desarrollar mejor sus capacidades e integrarse en la sociedad", por lo que puede ser régimen ordinario, combinado o de educación especial, ha puesto como ejemplo Ossorio.

En cuanto a la educación concertada, la Comunidad de Madrid prevé convocar con esta ley concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional.

La intención de la norma autonómica es también garantizar "la libertad de elección de centro educativo" con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, señala el Gobierno madrileño en un comunicado.

La normativa asegurará las plazas "suficientes" declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y concertados e incluyendo el concepto de "demanda social" que, según indica la Comunidad, "ha quedado excluido" de la ley Celaá.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, en el presente curso escolar el 29,6 por ciento de los alumnos estudia en un centro concertado y, en la capital, en 14 de los 21 distritos, las familias optaron "de manera mayoritaria" por matricular a sus hijos en colegios concertados.

La nueva ley "regulará" la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, asegurando la existencia de "centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos" y la escolarización en centros de educación especial a los estudiantes que manifiesten necesidades que no puedan satisfacer "en los centros ordinarios".

Frente al planteamiento de la Lomloe "de promover la titulación y la promoción con suspensos", la Comunidad de Madrid asegura que su ley apostará "por el esfuerzo y la excelencia" a través de medidas como, por ejemplo, la realización de pruebas externas "que fomenten la calidad".

También "se garantizará" el derecho de recibir las enseñanzas el castellano "como lengua oficial y vehicular de España".

Además, la ley madrileña recogerá que "la educación diferenciada cumple el principio de igualdad de la Constitución".