El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno, a través del Ministerio de Consumo, una regulación en la ley estatal de la figura del consumidor vulnerable, para que personas con discapacidad y mayores sean considerados legalmente como tal.

El objetivo, explica la organización, es dotar a estas personas de una "protección reforzada" a la hora de ejercer sus derechos plenos como consumidor y usuario y "preservarlas de los abusos" y vulneraciones a los que son más proclives.

El CERMI ha registrado esta petición como una alegación en el trámite de consulta pública previa al anteproyecto de reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, del Ministerio de Consumo, cuyo texto legal está en revisión en estos momentos.

UNA PROTECCIÓN "MÁS INTENSA"

El Comité insiste, a través de un comunicado recogido por Eurppa Press, en que el colectivo de mayores y el de personas con discapacidad están "más expuestos a la quiebra e infracción de sus derechos por cuanto el mercado de bienes, productos y servicios carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultado enormemente su desempeño como consumidores protegidos".

En este sentido, recuerda que la legislación general española de consumidores y usuarios no ha establecido hasta ahora un estatuto del consumidor vulnerable, bien por razones sociales, económicas o personales, que se enfrenta al mercado de bienes, productos y servicios desde una posición de mayor fragilidad.

Una vez definido en sede legal, como demanda el CERMI, el consumidor vulnerable gozaría de una protección más intensa, contando con el acompañamiento reforzado de los poderes públicos en la defensa de sus derechos, señala.