El Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para sacar adelante el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como el Estatuto del Becario, sin el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

No obstante, todavía "faltan algunos flecos" para cerrar el texto y que el Ejecutivo pueda aprobar como real decreto en Consejo de Ministros el Estatuto del Becario, según han informado a Europa Press fuentes de CCOO, que también indican que no se van a eliminar las prácticas extracurriculares.

Por su parte, UGT ha destacado que, después de más de un año de negociación, el texto del Estatuto del Becario "se encuentra a punto de culminar", por lo que el acuerdo "es inminente".

El texto, según apunta UGT, recogerá "gran parte" de las demandas sindicales como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio.

Desde CCOO, el secretario de Juventud, Adrià Junyent, ha afirmado que "el Ministerio se ha precipitado en dar por hecho el acuerdo", pero ha asegurado que el mismo está "muy cerca" y que CCOO seguirá "trabajando en cerrar un acuerdo que sirva para que los becarios de este país y la juventud no tengan una entrada en el mundo laboral por la vía de la precariedad como sucede ahora".

Por el contrario, la postura de la CEOE es "contraria" a este acuerdo, en primer lugar "por la forma", ya que considera que "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad".

En segundo lugar, la patronal no apoya este acuerdo "por el fondo" ya que cree que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo".

"Además hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto", advierte la CEOE.