El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha prohibido que las protestas por el retraso en la autorización de una mezquita en Mollet del Vallès (Barcelona) se celebren ante la casa del alcalde, y la comunidad islámica ha decidido suspenderlas temporalmente.

En un auto que se puede recurrir, la Sección quinta de la sala contenciosa del TSJC acepta las medidas cautelares planteadas por el Ayuntamiento de Mollet para que se impidan las protestas convocadas y comunicadas a la Generalitat por la Comunidad y Asociación Islámica Al-Huda ante la casa del alcalde y ordena que se hagan en otro lugar, como frente al ayuntamiento.

Por su parte, la comunidad musulmana ha cancelado temporalmente las protestas que realizaba frente al domicilio del alcalde, el socialista Josep Monràs, para garantizar el "descanso vecinal", según indica en un comunicado.

Monràs había denunciado el acoso personal y las coacciones hacia él y su familia en las protestas frente a su casa por la gestión de su ayuntamiento sobre la denegación de los permisos para la apertura de la mezquita, que en principio eran semanales pero que ahora habían pasado a celebrarse los viernes y los domingos.

La consellería de Interior de la Generalitat, de quien depende la gestión de las manifestaciones y concentraciones en Cataluña, se opuso a la suspensión de estas protestas alegando que el derecho a manifestación no está sujeto a autorización, una vez se han comunicado.

Sin embargo, la sala advierte de que, si bien es cierto que la autoridad competente no debe autorizar expresamente las concentraciones, sí debe analizar si concurren razones que impidan su celebración o fuercen a un cambio de ubicación, entre otros por motivos de orden público.

En el caso de Mollet, el TSJC resalta que los Mossos d'Esquadra han elaborado un informe en que advierten de los "riesgos" que la concentración supone para el orden público, a la vista de los precedentes en las protestas que ya se han celebrado ante la casa del alcalde.

"En el balance de intereses, apreciamos que la celebración de una concentración ante un domicilio particular, donde vive la persona a la que se dirige el mensaje, constituye una perturbación en su derecho a la intimidad personal y familiar, sin descartar a la afectación de otros bienes jurídicos, con el efecto de difundirse el lugar donde vive la persona afectada, en este caso el alcalde, no solo para los manifestantes, sino para terceros en general", apunta la sala.